El anuncio de la jefa de gabinete de Perú, Mirtha Vásquez, sobre el «cierre» de cuatro minas en el país suramericano ha desatado una controversia de proporciones mayúsculas debido a los intereses que giran en torno al sector.

El viernes, durante una actividad en Coracora, Ayacucho, Vásquez anunció que se efectuaría el cierre de varias empresas mineras que han sido responsables de la contaminación de las cabeceras de los ríos de esa zona. «Lo más preciado es el agua«, apuntó.

Si bien la noticia fue celebrada por las comunidades, no fue bien recibida por las mineras y mucho menos por los empresarios, que el fin de semana arremetieron contra la premier por considerar que se ha tomado atribuciones que no le corresponden. El Gobierno, mientras tanto, emitió un comunicado para asegurar que se mantendrán las actividades de las empresas, «respetando estrictamente el marco legal vigente», aunque este lunes el desplome de las acciones de una de las principales compañías levantó las alertas ante un posible pleito legal. ¿Y ahora qué?

Desplome en la bolsa

Las minas con fecha de cierre son Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, que están ubicadas en las cabeceras de la cuenca del sur de Ayacucho. Pese a que los gremios empresariales aseguran que se trata de una decisión «arbitraria» por parte del Gobierno, desde el despacho de Vásquez aclaran que esas instalaciones ya tenían pautados planes de cierre, incluso desde hace dos años.

Mediante una comunicación oficial, el Ejecutivo precisó que el acuerdo suscrito con las comunidades del sur de Ayacucho para hacer seguimiento al plan de cierre, se circunscribe al cronograma previamente establecido para ese proceso. «Por lo tanto, descartamos que estas medidas sean arbitrarias, ilegales o que contravengan la estabilidad jurídica, como han referido representantes de los gremios empresariales», detalla el texto.

Sin embargo, una de las empresas que debería aplicar un cierre aseguró que no estaba al tanto de la decisión. Se trata de Hochschild, una minera de Reino Unido que ha adelantado que «defenderá enérgicamente» sus proyectos de extracción de oro y plata de Pallancata e Inmaculada, luego de un lunes sombrío, con acciones que se desplomaron más de un 50 % por el anuncio del Gobierno peruano.

La compañía alega que opera bajo «los más altos estándares ambientales», ofreciendo 5.000 empleos directos y unos 40.000 indirectos. El director ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, mostró su sorpresa ante el anuncio del Gobierno y tachó de «ilegal» la acción planificada en ese yacimiento, del cual la empresa extrae más de dos tercios del oro y la plata.

«Estamos dispuestos a entablar un diálogo con el gobierno para resolver cualquier malentendido con respecto a nuestras operaciones mineras. Sin embargo, dada la naturaleza ilegal de la acción propuesta, la empresa defenderá enérgicamente sus derechos para operar estas minas utilizando todas las vías legales disponibles», sostuvo Bustamante, en declaraciones a The Guardian.

¿Qué hay detrás del cierre?

Las autoridades peruanas tienen en la mira la protección del agua y los ecosistemas en las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, que están en peligro por la intensa actividad minera que existe actualmente en las cabeceras de la cuenca sur de Ayacucho.

Para ello, el Ejecutivo ha creado una comisión negociadora que afine los detalles para el cierre de las cuatro unidades mineras, se reúna con las empresas involucradas y haga una evaluación ambiental «para identificar las fuentes de contaminación», en atención a la demanda histórica de las comunidades que defienden su derecho al agua, al territorio y a un ecosistema libre de la minería.

«Si estoy acá como presidenta del Consejo de Ministros, con los representantes de ministerios, es porque reconocemos que sus demandas son legítimas y justas«, afirmó Vásquez el viernes, tras recalcar el abandono histórico de esas comunidades por «la indiferencia de un Estado que pensaba que era suficiente el crecimiento económico».

En su intervención en Ayacucho, la premier fue enfática en que el objetivo es que no se extienda el plazo de concesiones de exploración ni exploración para las empresas, sino que terminen y cierren la actividad minera «lo más inmediato posible». Al día siguiente, debido a la controversia generada, matizó sus declaraciones.

«Las operaciones mineras que ya tienen fecha de cierre prevista deben hacerlo de forma adecuada y cumpliendo los estándares y plazos de ley. La recuperación de la cuenca es nuestro compromiso firmado con el sur de Ayacucho. No significa cierre unilateral», sostuvo.

Controversia en puertas

Con cronograma pautado o no, la jugada anunciada por Vásquez llega en un momento de relativa turbulencia dentro del Gobierno peruano, que ha tenido que sortear los primeros 100 días de gestión en medio de escándalos, renuncias de ministros y una pugna viva con la oposición en el Congreso.

Sin embargo, no es una medida espontánea. La decisión se produce después de meses de protestas por parte de las comunidades de las zonas mineras de Perú, que no solo denuncian la contaminación del medioambiente, sino que señalan a las compañías a cargo de los yacimientos de ser responsables de conflictos territoriales, violencia, desplazamiento, deforestación y persecución a los líderes y defensores ambientales.

Bloqueos, cierres de vías y confrontaciones con la policía fueron la expresión más visible de los diferentes conflictos mineros, como el de las Bambas (Apurímac) y de Aruntani Tucari, (Moquegua). En ese contexto, la ministra decidió acudir a la zona junto a otros funcionarios para establecer un «diálogo activo» con la población y dar respuesta a sus demandas. El problema es que las peticiones de la población chocan con los intereses económicos de las mineras, en un país que es el segundo productor de cobre en el mundo y cuyas finanzas dependen, en buena medida, de los impuestos a esa actividad.

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«La primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado«, acusó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Oscar Caipo. Esa gremio, que agrupa a las corporaciones mineras más grandes del país, reconoció que si bien se han establecido cronogramas de cierre, tenían previsto extender esos plazos.

La ley peruana, aunque contempla el cumplimiento de los plazos de cierre, también deja la ventana abierta a la modificación de los cronogramas, en caso de que así lo determinen los reguladores, una cuestión que las multinacionales parecían dar por sentado.

De momento, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha pedido a Vásquez una comparecencia este miércoles para explicar el alcance del acuerdo con las comunidades en Ayacucho y los criterios técnicos para el cierre de los yacimientos.

Entretanto, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado para insistir que Perú es un país «netamente minero» y está dispuesto a ofrecer garantías a los inversores del sector, que participa en «13,5% del PBI y con el 62% de las exportaciones», siempre que las empresas estén «dentro de un enfoque de desarrollo integral y sostenible, y de relación armónica con los pueblos y comunidades colindantes a los proyectos mineros, orientado al beneficio del desarrollo de las grandes mayorías».

Nazareth Balbás

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