El Gobierno de EE.UU. anunció este viernes nuevas sanciones financieras contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba y dos de sus líderes, por «reprimir las protestas pacíficas y prodemocráticas» que se registraron en la isla el 11 de julio, medida rechazada «enérgicamente» por La Habana.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó en un comunicado que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó todas las propiedades e intereses de la PNR, de su director, Óscar Callejas, y de su subdirector, Eddy Sierra.

«La acción de hoy sirve para exigir más responsabilidades a los responsables de reprimir los llamamientos del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos», dijo la directora de la OFAC, Andrea Gacki.

En respuesta a esta decisión, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló desde su cuenta de Twitter: «Rechazo enérgicamente la inclusión de la Policía Nacional Revolucionaria y sus dos principales jefes en listas espurias de EE.UU.«.

Y añadió que estas acciones «arbitrarias se suman a la desinformación y agresión para justificar el bloqueo inhumano» contra su país.

Las medidas fueron adoptadas en virtud de la Ley Global Magnitsky, en la que se ampara Washington para castigar a quienes hayan cometido abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción en otros países.

Washington ya había sancionado al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite conocida popularmente como ‘Avispas negras’ o ‘Boinas Negras’, por presuntos «abusos contra manifestantes».

En aquella oportunidad, el canciller Rodríguez afirmó que EE.UU. debería «aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en el 2020».

En ese sentido, Rodríguez consideró que la Casa Blanca «no tiene absolutamente ninguna autoridad moral» para pedir que se libere a personas detenidas en las protestas en Cuba». Y señaló las sanciones como «un acto de injerencia e intervención en nuestros asuntos internos«.

Por su parte, el analista internacional Daniel Shaw señaló que la administración Biden está justificando «su invasión y su nueva agresión» contra Cuba con «la excusa de los derechos humanos», aunque sus acciones en realidad están vinculadas con «el esfuerzo de recolonizar» la isla.