El objetivo del diagnóstico, de 2014 a 2019, es detectar la condición de participación y representación de las mujeres para preparar una agenda de la participación política.

Según ese estudio, Ecuador es una nación a la vanguardia de las legislaciones de paridad a nivel regional.

Un ejemplo: en 1996 existía el 3,8% de participación de mujeres en el poder legislativo. En 17 años se logró un crecimiento de siete veces más, es decir, el 43,1% de la representación política.

En esos años, la composición de mujeres legisladores fue del 32,7%: en las 13 comisiones hay el 38,5%, mientras que el 15% de mujeres ocupaban las principales mesas legislativas relacionadas con temas económicos, de producción, presupuestarios, entre otros.

Sin embargo, en los gobiernos locales, el crecimiento no fue significativo: apenas el 29% de mujeres son concejalas.

Las desigualdades más fuertes entre hombres y mujeres están en las alcaldías y prefecturas. En ellas la presencia femenina en altos cargos es del 8 % y el 8,3%.

En instituciones de justicia, como la Corte Nacional, las mujeres están a la cabeza y alcanzan el 54,5% de representatividad, duplicando la media regional: nueve juezas y dos conjuezas. Mientras hay nueve jueces y un conjuez. El estudio también analizó el Código de la Democracia y cuáles son las fortalezas y debilidades de esa norma.

Accossatto explicó que el Código ecuatoriano es uno de los más fuertes en el índice de cuotas junto con México y Costa Rica.

Las debilidades son la alternancia en los cargos pluripersonales y uninominales. “Esto muestra que no se pudo controlar la proliferación del encabezamiento de las listas por hombres”, recalcó.

El informe incluyó a los partidos políticos como actores fundamentales para la equidad de género en la participación política femenina.

En los cinco partidos más importantes: Alianza PAIS, Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), CREO, Pachakutik e IzquierdaDemocrática, han modificado sus estrategias para cumplir con la paridad.

“Esto se debe a las fuertes sanciones que impone el Consejo Nacional Electoral-CNE– a los partidos que no cumplan con la normativa de paridad”, señaló Accossatto.

En cambio, Bibiana Aído, representante de ONU-Mujeres Ecuador, subrayó que una mayor representación de mujeres en los espacios de decisión política es clave para modificar los factores que las excluyen.

Las reformas al Código de la Democracia son vitales para lograr la participación política de las mujeres, dijo Diana Atamaint, presidenta del CNE. En uno de los articulados exige el encabezamiento, en el 50%, para mujeres. También sanciona la violencia política de género. Esas reformas están en primer debate hace un año.

Pero Mayra Chiliquinga, vicealcaldesa de Archidona (Napo), advirtió que en su provincia existen pocas mujeres concejalas.

En el Chaco no tienen ninguna representación femenina, en Quijos solo existe una mujer al interior del Municipio. Insistió en que es necesario reforzar el tema de paridad, “puesto que son latentes las desigualdades en la política”. (I)