El gobierno de Iván Duque en Colombia, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), decidió dar la «viabilidad ambiental» al Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé, que permite —a la estatal petrolera Ecopetrol— realizar pruebas de fracking en un pozo del municipio Puerto Wilches en el departamento de Santander, zona noreste del país, pero que ha generado polémica y rechazo porque se habría aprobado sin tomar en cuenta las voces disidentes.

De acuerdo a un comunicado difundido este lunes por la ANLA, se explica que la autorización se da «en el marco del Decreto 328 del 28 de febrero de 2020», que establece «los lineamientos para adelantar Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal», también conocido como fracking.

La institución señala también que la concesión se fundamenta en un «análisis riguroso» que tomó en cuenta el estudio del impacto ambiental, «lo verificado» en visitas de campo y «lo recogido» en escenarios de participación. Además, indica que se trata de un licenciamiento «inédito» condicionado por «normas específicas», que contó con una preparación rigurosa.

Sobre esto, la ANLA asegura que desde el año 2019 trabajaron con las «comunidades del área de influencia» del proyecto —que responde a una solicitud de Ecopetrol—, a través de miles de «talleres, conversatorios, encuentros informativos y participativos, reuniones interinstitucionales y pedagogías» y una audiencia pública ambiental».

De acuerdo a la ANLA, las pruebas piloto se realizarán en Puerto Wilches se realizará «para la puesta en funcionamiento de (1) una plataforma y un (1) pozo de fracturamiento hidráulico«, y aclara que dicha licencia «no es, de ninguna manera, un aval» para que se pase a la fase comercial.

«Esta es una primera etapa que luego el Comité de Evaluación creado por el Decreto 328 de 2020 analizará, para decidir si habrá perforación y producción comercial de hidrocarburos a partir de esta técnica«, añade la institución gubernamental, que recuerda que para proceder en contra de esa decisión, los interesados pueden recurrir al recurso de reposición.

¿Por qué causa polémica la concesión?

Una de las organizaciones en manifestarse en contra de la resolución de la ANLA fue la Alianza Colombia Libre de Fracking, que difundió una carta pública para advertir que la licencia se habría aprobado en menos de 5 meses de estudio, «en medio de irregularidades, protestas y amenazas» y «con numerosas voces de rechazo» por el aumento de hechos de violencia en el Magdalena medio.

La Alianza advierte también que en la zona donde se realizaría el proyecto se han generado «amenazas de muerte», que implicaron el exilio de una activista de la región.

«Es lamentable que un tema fundamental en materia energética no se haya discutido en el Congreso de la República, donde los aliados del gobierno dilataron por tercera vez consecutiva la discusión de los proyectos de ley para prohibir el fracking y sea decidido por el Gobierno [de Iván] Duque, de afán, sin garantías y a pocos meses de la posesión de un nuevo presidente», suscribe la Alianza.

En su misiva, la organización señala que la autorización se otorga «sin la participación amplia e informada de las comunidades de Puerto Wilches y el Magdalena medio, donde por más de 100 años se han sufrido las consecuencias de degradación ambiental y social asociadas a la explotación de hidrocarburos de manera convencional».

Opiniones

La polémica por la decisión del gobierno de Duque se extendió hasta las redes sociales, donde distintos políticos expresaron sus opiniones sobre la licencia, entre ellas la especialista en Derecho Ambiental y senadora electa por el Pacto Histórico, la indígena wayuu Martha Peralta Epieyú.

«Mientras todos celebrábamos el triunfo de Encanto, la ANLA aprueba licencia para primer piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Piensan destruir todo el Encanto de nuestra tierra. Un Óscar para Iván Duque

por su actuación como defensor del ambiente», dijo.

Por su parte, Aida Quilcue, senadora electa por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), calificó la medida como «un atentado» contra la «Madre Tierra» y llamó a tomar acciones «urgentes», porque «los daños por fracking son irreversibles».

El candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, también opinó en contra de la resolución y señaló que «el fracking es el mecanismo más depredador pues acaba con el agua del territorio, para continuar un sistema económico basado en hidrocarburos».

El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) también criticó la autorización: «Una bofetada lo de la ANLA al permitir que se haga un plan piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. De no entender esto que hace el Gobierno, cuando dice mentirosamente que quiere proteger el medio ambiente y la riqueza natural del país».

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo en una entrevista con el medio local El Colombiano, que frenar la exploración petrolera en el país significaría «un riesgo», debido a que la importación de crudo extranjero le costaría a Colombia entre 50 y 60 billones de dólares al año, que sería equivalente a cuatro reformas tributarias.

Un estudio vincula el auge del ‘fracking’ con el aumento de la delincuencia en los estados rurales de EE.UU.

Según Bayón, el proyecto de fracking no debe hacerse rápido sino «bien», porque «genera muchas emociones» y «hay mucho desconocimiento». El titular de Ecopetrol indicó que la petrolera está midiendo «unas 200 variables socioambientales, como emisiones, calidad del aire, agua, ruido».

La ANLA aclaró que no hace parte del Comité de Evaluación encargado de hacer un estudio especial con seguimiento técnico y científico del proyecto, para determinar si las pruebas «cumplen con los requisitos y condiciones» que avalen la fase comercial de exploración y explotación. Las pruebas podrán avanzar mientras no se presente una tramitación judicial en contra.