Los postulantes para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben ser probos y cumplir con los requisitos. Eso dice el mandato para el concurso de selección de los consejeros, aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T) el agosto de 2018.

Hay 14 candidatos en total, pero dos de ellos incumplen con lo previsto en el reglamento de selección para este concurso público.

En el primer caso se trata de Blanca Velasque Tigse, quien representa al partido Pachakutik. Ella está inhabilitada para convertirse en integrante del CNE. ¿Por qué razones? La actual postulante era consejera de la Prefectura de Cotopaxi (de 2007 a 2009) y mientras ejerció ese cargo incurrió en varias irregularidades.

Así lo determina el examen especial de Contraloría del período comprendido entre junio de 2007 y 31 de diciembre de 2009, que establece que Velasque pagó incrementos de sueldos injustificados a favor del prefecto, viceprefecta provincial, dietas y gastos de representación a los consejeros.

También hizo pagos por fondos de reserva a favor de empleados y trabajadores e indemnizaciones a servidores y funcionarios por renuncias.

Además, contrató a su propia hermana en la entidad, lo cual es nepotismo, según ese informe de la Contraloría. Por ello, la candidata Velasque incumple el mandato del CPCCS-T y no puede tener un cargo público.

Al momento mantiene “títulos de crédito en su contra por responsabilidades que determinó la Contraloría, como responsable principal y subsidiaria”, dice el documento de esa entidad.

La postulante al cargo del CNE tiene órdenes de devolver al Estado $ 30.311,75, conforme establece el oficio No. 0037-DIRES-DRR y la resolución No. 1074, del 15 de junio de 2012 de la Contraloría, que determina una sanción de multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir 5.280 dólares.

Ella también omitió información relevante para candidatizarse a integrante del CNE. Auspiciada por Pachakutik presentó una declaración juramentada y declaró que no tenía ninguna prohibición ni inhabilidad. Sin embargo, mantiene esa deuda pendiente con la Contraloría.

La postulante transgrede elartículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respecto del perjurio. Además, hay falta de probidad e idoneidad porque como exconsejera de la Prefectura de Cotopaxi no acató disposiciones y aprobó un incremento de sueldos.

Para Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es necesario verificar la Constitución para postularse al CNE: ser ecuatoriano, mayor de edad y estar en goce de los derechos políticos.

Sin embargo, el CPCCS-T establece un sistema de méritos que no es de cumplimiento obligatorio y que apunta al que cumpla de mejor manera para ser designado, dijo.

La segunda candidata, Camila Moreno, tampoco tiene todos los requisitos que estipula el mandato del CPCCS-T para integrar el CNE. Ella, quien estaría vinculada a Alianza PAIS (AP), incumple con 10 méritos para ser candidata al cargo. Por ejemplo, no tienetítulo PhD ni ha sido veedor u observador electoral nacional ni ha desempeñado por más de cinco años funciones afines a la materia electoral en instituciones públicas o privadas.

Pero Moreno está en la lista de los 14 candidatos. “Ella presentó como justificación a ese último requisito de experiencia un certificado laboral. Este corresponde a los años en los cuales cursaba una maestría en Londres”, señaló la Comisión Técnica Ciudadana de Selección.

El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, en cambio, puntualizó que dada la premura por las elecciones, el trabajo avanzó muy lentamente y ha tenido ingredientes políticos.

“Tienen que ser seleccionados los que tengan el perfil profesional para dirigir el CNE y puedan manejar de manera imparcial las próximas elecciones de 2019 y de 2021”, sentenció. (I)

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Independientes no lograron postulación para el CNE

Tres ciudadanos presentaron una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, pero esta fue negada por la justicia. “No nos dejaron participar como ciudadanos independientes”, dijo a este Diario uno de ellos, exauditor del Consejo Nacional Electoral, Néstor Marroquín.

Según la jueza del caso, la vía era una acción de inconstitucionalidad porque violaron los derechos ciudadanos, explicó. Esa causa está abierta y tienen el plazo de un año para presentarla. Para Marroquín, hay candidatos al CNE que no cumplencon todos losrequisitos del mandato del Consejo de Participación Transitorio.

Por ejemplo, el exvocal del CNE, Andrés León, quien está calificado como postulante, no tiene título de tercer nivel. “El mandato del Consejo de Participación Transitorio es inconstitucional porque viola los derechos de participación”, que están estipulados en la Constitución y en el Código de la Democracia, agregó.

El Consejo de Participación Transitorio exige una organización para poder candidatizarse, pero no hay un requisito que establece ser patrocinado por una organización política para llegar al CNE. “Si hay pruebas contra dos candidatas se caería el concurso porque no podrían completar la paridad de género”, dijo. (I)