Estos días recorre las provincias para hablar sobre temas de corrupción. Dora Ordóñez, subsecretaria Anticorrupción, conversó con este Diario sobre los avances de la Secretaría en este tema.

¿Cuántos casos de corrupción han investigado desde que se creó la Secretaría?

Tenemos un total de 40 denuncias presentadas. Hay ciertas dificultades en los avances de esas investigaciones en el proceso judicial: tenemos problemas con los jueces, no hay diligencias definidas o difieren las audiencias.

Por eso presentamos una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, para tener jueces anticorrupción. Pero esto dependerá de la agenda de la Asamblea.

¿Cuáles son los resultados de los bienes recuperados en el exterior?

Trabajamos en un Sistema Nacional Integrado de Recuperación de Activos. Esto se discute en el Acuerdo Nacional 2030. Queremos el apoyo de instituciones para suscribir un convenio con la Procuraduría y la Fiscalía porque cada una hace un esfuerzo independiente.

Creemos necesario confluir en una sola línea a través de ese convenio. Tenemos el acompañamiento permanente de la ONU y del Banco Mundial. Pero no son tareas sencillas, lo importante es que todos hablamos en un único lenguaje que requiere decisión política.

¿Qué pasó con la conformación de la lista blanca de empresas privadas libres de corrupción?

Está muy avanzado, empezaremos a trabajar con una empresa colombiana que tiene experiencia en ese campo e hizo la lista blanca de Brasil y Colombia. Nos planteó una ruta definida, tendrá un período de funcionamiento de un año. No es una tarea sencilla porque necesitamos el compromiso de las empresas privadas que deben transparentar sus estados financieros y eso no es tan fácil.

Hay mecanismos, generaría un software para que esas compañías alimenten con información sus procesos de contratación, estados financieros y deben actualizarse siempre para formar parte de esa lista blanca. Por ejemplo, en Brasil este proceso empezó con 114 empresas y para la certificación del primer año solamente pasó una. El siguiente año ya tenían registradas 40 empresas en la lista blanca.

¿Qué garantías da esa lista blanca?

El Estado puede mantener una contratación transparente que garantice criterios de integridad y que detrás de esa contratación no existen sobornos ni coimas ni pactos colusorios.

¿Cuánto cuesta la asesoría de esa empresa colombiana?

Es un presupuesto de 100 mil dólares anuales. Vienen tres profesionales, trabajan de manera permanente en el país y acompañan en todo el proceso.

Pero dejan sentado el sistema que luego lo administraría el ente que corresponda, podría ser la Secretaría Anticorrupción o una comisión especial conformada por distintas cámaras o gremios, por ejemplo. Esa implementación nos permite tener el know how de cómo actualizar permanentemente el registro de las empresas.

¿Eso pagará el Estado o las organizaciones internacionales?

Tenemos la posibilidad de conseguir los recursos con cooperación internacional y de las empresas privadas que están interesadas en hacer esta inversión.

¿Qué avance han hecho para la recuperación de los capitales de la corrupción en el exterior?

En Suiza, donde están identificados 30 millones de dólares por el caso Petroecuador, ya logramos un acercamiento de la Cancillería y ese país para suscribir un convenio.

Esos países en los cuales están los recursos de actividades ilícitas en Ecuador, requieren tener seguridad jurídica, sentencias en firme, para atender la repatriación de dinero. Incluso la ONU ha apoyado como intermediario, pero es necesario hacer un lobby permanente para tener la voluntad de ellos.

¿Cuáles otros países han identificado ustedes que tienen capitales de corrupción de Ecuador?

Trabajamos en el caso de corrupción de Petroecuador que tiene capitales también en Panamá. Allí están avanzadas las negociaciones y podremos recuperar 5 millones de dólares. No solo es recuperación de activos, sino extradiciones.

Todo debe estar en regla y eso retrasa los resultados, no podemos tener fecha en concreto porque dependemos de un tercero y de otro país.

Ustedes denunciaron un caso de corrupción en el Hospital Pablo Arturo Suárez.

Fue una alerta del vicepresidente Otto Sonnenholzner. En 7 días encontramos irregularidades en convenios de pagos y de autorización para ellos en la Unidad de Traumatología por $ 300 mil, $ 744 mil y un reclamo por el período de $ 800 mil de 2012-2016. (I)