El director de Derechos Humanos (DDHH) de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idárraga, ha renunciado este martes a su cargo al alegar «diferencias de fondo» con el Ayuntamiento, por su forma de afrontar las violaciones cometidas contra los ciudadanos por parte de las fuerzas policiales durante las protestas registradas en el país.

Idárraga hizo pública su renuncia a través en Twitter. En el documento adjunto, explica que las autoridades de la Alcaldía, a cargo de Claudia López desde 2020, no han mostrado compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en medio de las manifestaciones.

«Con el paso del tiempo se ha hecho más evidente la diferencia que tenemos sobre el papel de una Dirección de DDHH en la ciudad, máxime en circunstancias tan particulares como las que actualmente afronta Bogotá», afirma Idárraga en la carta, dirigida al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

La primera razón expuesta por el funcionario ha sido «la falta de postura» de la Alcaldía «ante las violaciones de los derechos humanos en la ciudad», sobre todo las relacionadas con los abusos policiales, razón por la que lamenta que el Gobierno local no haya hecho un «ejercicio de transparencia y responsabilidad política».

Críticas a los abusos policiales

«La falta de claridad y contundencia ha llevado a que la Policía se insubordine al Gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara», critica.

El ahora exdirector de Derechos Humanos de Bogotá manifiesta que para él resulta perturbador que aún permanezcan en servicio agentes policiales que «estuvieron presentes» durante la comisión de «torturas a ciudadanos» y no hicieron nada para evitarlas. Además, advierte que «la tibieza ante el abuso policial puede seguir costando vidas«.

Por otro lado, cuestiona la «falta de apoyo institucional» a su gestión en medio de las protestas y asegura que el Ayuntamiento de Bogotá decidió reducir el personal de la oficina a la mitad justo cuando más trabajo tenía.

«Ambigüedad en el informe presentado a la CIDH»

En su carta, Idárraga denuncia que la Alcaldía capitalina presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe desdibujado y con eufemismos sobre la situación registrada en la ciudad en medio de las protestas, pues califica como «un desacierto institucional» que el texto haya dado más valor a los daños ocasionados contra la infraestructura pública, en comparación con «las graves violaciones de derechos humanos».

«Con el contenido de este informe perdí la esperanza de evidenciar un compromiso de la Alcaldía», lamenta Idárraga, quien critica que, en ese documento, las autoridades locales ni siquiera asumieron «críticamente» la lectura de la situación, ni adoptaron «un mínimo de decisiones y medidas de protección» ante la gravedad que implica la responsabilidad política de los gobernantes como garantes de los derechos.

También considera que el informe es escaso y no refleja el trabajo realizado por su dirección durante los días del Paro Nacional. «Particularmente», acota, no evidencia «la magnitud de las graves violaciones a los derechos humanos«.

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Idárraga califica como «inaudito» que el informe hable de «fallas de servicio» o «incidentes de atención» para atender denuncias de violaciones a los derechos fundamentales.

El también abogado recuerda que Colombia ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que conlleva a comprender el deber que tiene el Estado en la protección de los derechos fundamentales. «Las violaciones a los derechos humanos se les imputan a los Estados, no a la ciudadanía, por lo cual el informe debió concentrarse en las víctimas del Estado«, dice.

«Si bien es reprochable que los manifestantes agredan violentamente la integridad de los policías, jurídicamente, a la luz de los derechos humanos, es más grave que los policías agredan a funcionarios del Gobierno Distrital plenamente identificados y, más grave aún, los atentados a la población civil causándoles la muerte o lesiones físicas de por vida. Esto último sí es propio de un informe de derechos humanos», concluye.