En un claro menosprecio a la opinión de la calificadora de riesgo Moody’s sobre el eventual riesgo que implica el uso de bitcóin para la deuda soberana, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejó un curioso mensaje en sus redes sociales: «DGAF».

La semana pasada, la calificadora de riesgo advirtió que las operaciones en esa criptomoneda –declarada por El Salvador como la segunda de curso legal, después del dólar– estarían «agregando riesgo a una perspectiva de riesgo soberano que ya era débil», por lo que habría riesgo de incumplimiento.

En respuesta a esos vaticinios, Bukele escribió las siglas que podrían tener varios significados. El más común en el argot milénial del que presume el mandatario podría ser «don’t give a fuck», que en español puede traducirse como «me importa un rábano», pero con una connotación mucho más soez.

Fin de la luna de miel

Los elogiosos pronósticos que Moody’s hizo a comienzos de 2020 al Gobierno de El Salvador son cosa del pasado. Si hace casi dos años la calificadora consideraba que en el país centroamericano había un clima favorable a la inversión y sería posible revertir las pobres perspectivas de la deuda soberana, los vaticinios actuales confirman que sus propios cálculos estaban errados.

El equívoco no sorprende en el caso de Moody’s, si se tienen en cuenta sus reprochables previsiones sobre Lehman Brothers durante la crisis económica mundial de 2008, pero sí le puede ejercer una presión para el Gobierno de Bukele, que está aún a las puertas de una negociación para recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ya a mediados del año pasado, la calificadora rebajó la nota de riesgo soberano de El Salvador como emisor de deuda, al pasar de «Caa1» a «B3», debido al limitado acceso del país al mercado financiero de cara al 2023, por el «exigente calendario de amortización».

La baja en las previsiones ocurrió en víspera de que en El Salvador entrara en vigor la Ley Bitcóin, fuertemente defendida por el Gobierno de Bukele como una vía para lograr la inclusión financiera de la población y darle dinamismo a una economía que, en gran medida, depende de las remesas en dólares que recibe desde EE.UU.

En paralelo, la apuesta de Bukele ha sido la de convertir a su país en un polo de inversiones extranjeras en bitcóin, al ofrecer facilidades para quienes desean invertir en esa criptomoneda. La jugada no ha contado con el beneplácito de organismos del propio FMI, que ha puesto el acento en la alta volatilidad de ese criptoactivo, los riesgos asociados a su implementación y los casi nulos mecanismos de control para una moneda que escapa de la arquitectura financiera tradicional.

De hecho, el comportamiento impredecible de esa moneda ha quedado demostrada en los últimos meses, con una fluctuación de precios que muestra lo arriesgado de ese tipo de inversiones. Según algunas estimaciones, El Salvador tendría alrededor de 1.391 bitcoines y la reciente caída en su cotización le habría ocasionado pérdidas al país entre los 10 y 20 millones de dólares.

Este tipo de vulnerabilidades no escapan del ojo de las calificadoras de riesgo, especialmente por los compromisos que deberá honrar el país el año que viene, con el vencimiento de un bono de 800 millones de dólares en enero de 2023, y la negociación sin cerrar con el FMI para obtener un financiamiento por 1.300 millones de dólares que le permitiría afrontar su creciente déficit.

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