Despenalizar el consumo de todas las drogas ilegales para dejar de criminalizar a las y los usuarios, y diseñar leyes con perspectiva de género y con un enfoque prioritario de derechos humanos.

Ese es el cambio radical en las políticas de drogas que Carolina Gaillard, diputada de la bancada oficialista del Frente de Todos, propone en una iniciativa que modifica las premisas de la llamada «guerra contra el narcotráfico» y que ya presentó ante el Congreso.

Esta semana, la legisladora aprovechó la Expo Cannabis que se realizó en Buenos Aires para reforzar su campaña en pos de una nueva legislación.

«Creemos que es urgente dar este debate en el Congreso, para pasar de un paradigma represivo y prohibicionista que ha fracasado en todo el mundo, a un paradigma de salud pública, con un Estado presente que acompañe y no criminalice el consumo de sustancias», señaló a sala llena.

En uno de sus puntos más innovadores, la iniciativa elimina la punibilidad de las personas que participan en el mercado de drogas, en caso de que padezcan contexto de extrema vulnerabilidad o violencia de género, lo que va acorde con las recomendaciones efectuadas por diversos órganos internacionales.

«[Se debe] a la vista de una característica generalizada entre las llamadas ‘mulas’ o ‘camellos, que suelen ser personas –generalmente mujeres– que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad socio económica o también, en virtud de situaciones de violencia de género, quedando expuestas a la sanción punitiva por una actividad que les es impuesta por sus parejas afectivas en el marco de una relación violenta», señala.

Cambios

El proyecto, que lleva la firma de 10 diputadas del Frente de Todos, también propone la derogación de la Ley sobre prohibición de cultivo, tenencia y comercialización de opio, marihuana y cocaína en Argentina, «a fin de dar claridad, certeza, unidad y coherencia al ordenamiento jurídico vinculado a la política de persecución de la narcocriminalidad», con nuevos postulados.

«Esta Ley, resabio de la dictadura que imbricaba la política de drogas con la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, fue dictada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y prohíbe la siembra, plantación, cultivo y cosecha de adormidera, cáñamo y coca y de la tenencia y tráfico de cannabis, aceites, resinas y semillas, sin prever sanción alguna, lo cual de por sí solo genera incertidumbre sobre el alcance de esta prohibición», advierte.

Otra de sus deficiencias técnicas, refiere el texto, es que no solo hace recaer una prohibición sobre plantas (como el cáñamo) –que no son objeto de fiscalización internacional–, sino que es inconsistente con la legislación vigente sobre cannabis medicinal y con una regulación reciente, de modo que su derogación brindará mayor certeza jurídica y coherencia a las políticas de drogas.

La iniciativa establece una pena de tres a 15 años de prisión a quien, sin autorización o con destino ilegítimo, siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, con fines de comercialización ilegal.

Por el contrario, considera no punible la posesión de hasta 40 gramos de flores de marihuana y el cultivo de hasta nueve plantas de cannabis de efecto psicoactivo, así como la actuación de médicos o profesionales autorizados que receten cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.

En el caso específico del cannabis, propone cumplir los principios de no criminalización y no discriminación de las personas usuarias.

Fracaso

De acuerdo con los fundamentos, el proyecto se inspira en la evolución que ha tenido la doctrina internacional de los organismos especializados, en cuanto a la prioridad del abordaje desde la perspectiva del derecho a la salud, «y el fracaso de la política conocida como guerra contra las drogas«, para sustituirla por un nuevo modelo.

«La comunidad internacional dio lugar a discusiones sobre políticas de drogas que hacen hincapié en el abordaje desde la salud y el respeto de los derechos humanos y confrontan con las políticas basadas en un enfoque meramente represivo», señala.

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En estos debates, agrega, se propone la despenalización de la tenencia para consumo personal, políticas de reducción de daños y alternativas al encarcelamiento, junto con crecientes iniciativas de regulación de los mercados que, en el caso del cannabis, abarca tanto su uso medicinal como recreativo.

«Estas nuevas líneas de abordaje del problema abrieron paso a otras vinculadas a ‘la sensatez’ de la política de ‘guerra contra las drogas’, la desproporción de las penas con la ofensa, la descriminalización de personas usuarias, la represión indiscriminada contra toda la cadena de drogas y la escalada de violencia que en los hechos implicó esta política», advierte el proyecto.

Como ejemplo, cita datos oficiales de la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal que revelan que, de 2011 a 2020, el 35 % de las detenciones por delitos vinculados a la ley de drogas fueron por tenencia personal y un 12 %, por causas en las que no se comprobó que había un destino comercial de las sustancias.

«Es decir que prácticamente la mitad de los casos que ingresan al sistema son por hechos que no han trascendido la esfera íntima y en consecuencia carecen de capacidad de producir un daño», explica.