Un grupo de 22 congresistas colombianos interpusieron ante la Procuraduría una denuncia disciplinaria en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, «por violar la Constitución» al permitir la presencia de miembros del Ejército de EE.UU. en ese país, a pesar de un fallo judicial en contra de esta medida.

Jorge Enrique Robledo, uno de los parlamentarios que respaldó esta acción, acusó a Holmes de «engañar y mentir» al afirmar que el Senado habría aprobado la presencia militar en territorio colombiano, «lo que no ocurrió y tiene a esas tropas en la ilegalidad».

En un comunicado publicado por Robledo, se pide a la Procuraduría «investigar las conductas del ministro» debido a que «habría violado su deber como servidor público de actuar ajustado a la Constitución», además de «promover el desacato de una sentencia judicial por parte del presidente Duque, desconocer la división de poderes, engañar a la opinión pública, tratar con irrespeto a congresistas de la oposición y realizar denuncias temerarias contra estos».

El senador del Polo Democrático Alternativo afirma que Holmes «engaña y viola la ley» para «favorecer los intereses de guerra de Trump en el continente» y con la autorización de Duque.

Operaciones suspendidas por la Justicia

El pasado 27 de agosto, el ministro de Defensa dio a conocer que había recibido una comunicación donde se le informaba que 69 congresistas, «más de la mayoría absoluta» del Senado, estaban a favor de la presencia militar estadounidense en territorio colombiano para reanudar la misión de «asesoramiento, cooperación y entrenamiento».

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Según Trujillo, 53 soldados estadounidenses habían iniciadosus tareas el pasado 20 de julio, a pesar de que sus operaciones fueron suspendidas a principios de ese mes, luego de un fallo judicial que ordenaba al presidente Iván Duque anular las actividades de esa brigada, tras el reclamo formulado por senadores de la oposición.

En esa oportunidad, el ministro de Defensa aseguró que el Gobierno había cumplido con lo solicitado por el Tribunal y que la decisión había sido aprobada por el Senado. Según Holmes, el visto bueno ocurrió cuando los 69 parlamentarios comunicaron que el Gobierno podía «mantener y seguir adelantando» las actividades de la brigada estadounidense en el país, debido a que era un «asunto de cooperación militar que no implica el tránsito de tropas».

El propio presidente de la Cámara, Lidio García, respondió en una carta que esa comunicación no era una autorización explícita, ya que el tema no había sido debatido por los parlamentarios.