Censuró Eisenmenger los «retrasos graves» que se vienen produciendo en la Justicia en Florida para proceder con la revisión de sentencia de Serrano (para cadena perpetua o confirmación de la pena de muerte por unanimidad), que debería haber tenido lugar en 2017.

Francisco Serrano, hijo del octogenario preso en el corredor de la muerte del penal de Raiford, en Florida, resumió la sucesión cronológica de los hechos que condujeron a la condena de su padre y se refirió a las «pruebas determinantes que le exoneran» de los asesinatos y que el Estado «ha ocultado», además de la «evidencia de ADN y el testimonio de testigos oculares».

Recordó en el acto celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU) que su padre está prácticamente sordo, con graves problemas de visión y cardíacos, y no recibe en la prisión la atención médica que necesita «porque no se la proveen».

Los conocidos como «crímenes de Bartow», ciudad floridana donde se produjeron, tuvieron lugar en 1997 en una empresa de la que Serrano era socio, y por los que fue condenado en 2006 a cuatro penas de muerte, pese a que Serrano se encontraba en Atlanta en el día que se produjeron.

En una comparecencia virtual desde Ecuador, el procurador general del país suramericano, Iñigo Salvador, calificó a Serrano de «víctima de una especie de secuestro por las autoridades estadounidenses en territorio ecuatoriano» y expresó su «íntima convicción» de que su compatriota «tiene derecho a un juicio justo».

Derecho a un juicio justo

Nelson Serrano (Quito, 1938) «tiene derecho a un juicio justo a la luz de las evidencias del juicio en el que se le condenó a muerte», afirmó Salvador, y añadió que el Estado ecuatoriano «decidió asumir las responsabilidades» derivadas de la «ilegalidad de su proceso de deportación» a Estados Unidos.

Tres años después de los asesinatos, Serrano, que fue investigado como sospechoso, pero nunca fue incriminado, se jubiló y regresó a Quito libre de cargo alguno.

Pero en 2002 dos agentes estadounidenses sobornaron, según dijo el hijo de Serrano a Efe, a policías ecuatorianos para llevárselo a Estados Unidos «sin conocimiento de las autoridades y a escondidas».

«Fue secuestrado, en violación de los derechos humanos y sin el debido proceso», dijo.

El procurador general del Estado ecuatoriano insistió en que Serrano «no podía haber sido sacado así», que «debe ser devuelto a su país de origen» y que «no se respetaron» los tratados de extradición por parte de Estados Unidos.

Roberto Serrano, de 57 años, pidió al gobernador DeSantis una «audiencia para ponerle al tanto de lo que ha pasado» con su padre, «del secuestro y violaciones de sus derechos».

«Queremos que (DeSantis) lance una investigación detallada y rápida» sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Florida «por violación de los derechos» de mi padre, dijo este jueves a Efe.

En el acto en FIU participaron también Óscar Vela, letrado y autor del libro «Los crímenes de Bartow»; la periodista ecuatoriana Janet Hinostroza, varios exonerados de la pena de muerte o de largas condenas en la cárcel y Michael Ibar, hermano de Pablo Ibar, un hispano-estadounidense que fue sentenciado a la pena capital y peleó con ayuda de su familia y las autoridades españolas para ser juzgado de nuevo.

«El sistema de justicia estadounidense está roto al cien por cien», dijo Michael Ibar, y criticó la «guía» judicial estadounidense y cómo se ha sentenciado a pena de muerte sin la unanimidad del jurado, como en el caso de su hermano, cuya pena a muerte fue conmutada por la de cadena perpetua en un juicio en 2019.

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El acto tuvo como uno de los objetivos que el gobernador republicano Ron DeSantis inste a la justicia a despachar sin más dilación los recursos para revisar la sentencia y que la corte fije una fecha para la audiencia.

El ecuatoriano Oscar Vela denunció la condena a Serrano a partir de «una sola prueba falsa, fabricada», como fue la de un billete de estacionamiento. EFE