La defensora del Pueblo, Gina Benavides, exhortó al Estado que devuelva la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores (UNE), pues la medida vulneró su derecho a la libertad de asociación garantizado en la Constitución.

Esa organización, que fue creada en 1944, es uno de los primeros sindicatos del país. Sus problemas empezaron en 2013, en la administración de Rafael Correa cuando fue impedida de inscribir su directiva. Tres años después perdió su personería, acción que emprendió en su momento el Ministerio de Educación.

Benavides tomó la decisión con base a un dictamen de la Conferencia Internacional del Trabajo, que pidió al Gobierno que garantice el pleno derecho a la asociación y que restituya los derechos a la UNE.

Por eso, exhortó al Ministerio de Educación para que elimine la resolución del 2016 para que restituya por acto administrativo para personería jurídica.

Asimismo, a la Asamblea Nacional para que adecúe las leyes que permitan el real y efectivo goce de la los derechos a la libertad de asociación y sindical.

Además, a la Presidencia de la República para que sancione a favor de esos derechos de asociación. Y a las instituciones y sector privado para que garanticen a los servidores y empleados su asociación gremial.

Según la Ley de la Defensoría, las instituciones tienen ocho días para responder al exhorto.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, culpó al correísmo por no respetar la normativa internacional y «asaltar» los bienes patrimoniales. «El día de hoy ya tenemos Defensoría del Pueblo y demuestra aquello al hacer un exhorto para que esa resolución ilegal sea derogada», dijo.

Puntualizó que la UNE tiene un patrimonio en bienes de 15 millones de dólares. (I)