El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó este sábado del asesinato del líder indígena Luis Picasio Carampaima a manos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo) en el departamento colombiano de Chocó, al noroccidente del país.

Picasio pertenecía a la comunidad del resguardo Catrú, en el municipio chocoano de Alto Baudó, y su muerte se produjo este 1 de julio tras la incursión en ese territorio indígena de varios hombres del grupo armado, que lo decapitaron. Indepaz advirtió que el crimen podría generar «riesgo de desplazamiento masivo». Asimismo, señaló que la Defensoría del Pueblo ya había advertido del riesgo en que se encontraba la comunidad Catrú y otras de la zona «por el accionar de grupos armados ilegales» y había instado a su «protección y atención efectiva y urgente».

Según el registro de víctimas que contabiliza la organización, con el asesinato de Luis Picasio son 84 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2021, y ya suman 1.200 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

La CIDH alerta sobre los «altos niveles de violencia» en Colombia ante los hallazgos de cuerpos desmembrados

Esta semana Indepaz comunicó del asesinato de Danilo Torres, un líder social afrodescendiente del municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño. El lunes, antes de conocerse la noticia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) había manifestado su «profunda preocupación y alerta» por la seguridad de los liderazgos étnico territoriales en los municipios de Roberto y Maguí Payán, al tiempo que exhortaron al Estado colombiano «a reforzar de manera urgente las medidas de protección».

Entre tanto, este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de Torres y solicitó al Estado colombiano investigar su caso con «debida diligencia» y sancionar a los responsables. A su vez pidió implementar «un enfoque étnico-racial en las medidas que se adopten, e implementar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país».