Este domingo, Leonidas Iza Salazar fue elegido como nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el VII Congreso de la organización, para el período 2021-2024.

Iza fue de lejos el candidato más votado, alcanzando 821 votos; frente a los 287 obtenidos por María Andrade, del pueblo Saraguro, y los 153 de Marco Guatemal, de las comunidades indígenas de la Sierra Norte.

«Agradezco a las bases de los pueblos y nacionalidades que asistieron al VII Congreso de la Conaie por esta designación. Esta victoria la recibimos con el compromiso de seguir trabajando por la unidad de nuestra organización para la transformación social», escribió Iza en su cuenta en Twitter.

Luego de conocerse los resultados de esta elección, los seguidores de Iza celebraron, con gritos como «Iza, Iza comienza la paliza» o «Iza, amigo, el pueblo está contigo».

¿Qué es la Conaie?

La Conaie, constituida en 1986, es la organización indígena más grande del Ecuador y está conformada por tres regionales:

• La Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que representa a los indígenas de la Sierra del país.
• La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae).
• La Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).

La Conaie, como movimiento de resistencia, ha conseguido desde su creación algunas cuestiones como que ciertas haciendas en la Sierra ecuatoriana pasen a manos de comuneros indígenas y campesinos y la creación del sistema de educación intercultural bilingüe en 1989.

El movimiento tomó fuerza con el primer gran levantamiento indígena que hicieron en 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja. Sus demandas eran el reconocimiento del Estado Plurinacional, acceso a las fuentes de agua, legalización de tierras, entre otros.

En 1994 hicieron que el régimen conservador de Sixto Durán Ballén diera marcha atrás a la aprobación de una Ley Agraria; en 1997 se plegaron al paro de movimientos sociales que logró la caída del presidente Andalá Bucaram; en 1998 consiguieron la incorporación de los Derechos Colectivos de pueblos indígenas en la Constitución de la República; en el 2000 participaron en el derrocamiento del entonces mandatario Jamil Mahuad; y en 2005 formaron parte de las movilizaciones que derrocaron al presidente Lucio Gutiérrez.

Una de las últimas grandes manifestaciones de la Conaie fue la de octubre de 2019, en contra de la administración de Lenín Moreno. El levantamiento popular lo comenzaron transportistas de diferentes federaciones del país, luego que el mandatario anunciara la eliminación de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel, lo que provocó el incremento de sus precio; como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los transportistas levantaron el paro, pero la Conaie tomó la batuta de las protestas, que estuvieron del 3 al 13 de octubre, cuando finalmente Moreno cedió y eliminó el decreto que generó las manifestaciones.

El saldo de ese estallido social fue de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

«No subestimen al movimiento indígena»

Iza, junto al entonces presidente de la Conaie Jaime Vargas, fue uno de los líderes de esas manifestaciones de octubre de 2019. Entonces, tomó mayor notoriedad a nivel nacional.

Este hombre, de 39 años, ingeniero ambiental y presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), participó en el diálogo que se generó con el Gobierno ecuatoriano que logró el fin del estallido.

«Señores del Gobierno no subestimen al movimiento indígena», dijo Iza durante las negociaciones, en las que criticó la represión de la fuerza pública contra los manifestantes: «Desde 1998 he estado en procesos de movilización y nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo hemos visto estos días».

En esos diálogos, presentó varias propuestas a fin de que se derogase el decreto que eliminaba el subsidio estatal a la gasolina y al diésel, como un impuesto a los que más tienen (puntualmente por el combustible), incautación de bienes y dinero a corruptos y la eliminación de sueldos vitalicios en la administración pública.

Luego de ese liderazgo en las manifestaciones, Iza, al igual que Vargas, fue denunciado por una supuesta instigación al sabotaje y al terrorismo en el marco del estallido social.

Tras su participación en esas protestas, en enero de 2020, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entregó a Iza un reconocimiento por «su trayectoria en temas de participación ciudadana, derechos humanos y organización social» en la provincia de Cotopaxi.

En 2020, este dirigente indígena fue considerado como precandidato a la Presidencia del país dentro del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Conaie; sin embargo, la organización se decantó finalmente por Yaku Pérez, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales, celebrados el pasado 7 de febrero.

Nuevas movilizaciones

El pasado 11 de junio, el MICC, dirigido por Iza, volvió a tomar las calles, para manifestarse en contra del alza de los combustibles.

Aunque en octubre de 2019 el estallido social hizo retroceder al Gobierno, en 2020 Moreno emitió varios decretos, entre ellos el 1054 y 1158, de mayo y septiembre de 2020, respectivamente, que han provocado el aumento de los precios de estos productos.

El 1054, por ejemplo, estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradual el subsidio estatal que tenían; lo que genera que el valor de estos productos fluctúe desde entonces cada mes. Mientras, el 1158 liberó la importación de derivados de petróleo por parte de privados; en concreto, este sector puede importar gasolinas, diésel, gas industrial y otros.

El MICC ha pedido al nuevo Gobierno, de Guillermo Lasso, la derogación de estos decretos; asimismo, entregaron un pliego de peticiones, entre ellas que se declare una moratoria de un año en los créditos que han adquirido estos productores con las entidades bancarias, que se fijen precios justos a los productos de los campesinos y que los costos de estos sean estables para los consumidores, la legalización del transporte comunitario en sus zonas; también rechazan la precarización de la educación intercultural y el avance de la minería.

Edgar Romero G.

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