El Congreso de Perú rechazó este martes con 46 votos a favor y 76 en contra la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo, lo que cierra por ahora el intento de destitución promovido por parte de la oposición.

La jornada de este martes estuvo marcada por un clima de fuerte tensión política, ya que hasta último momento hubo incertidumbre por los resultados de la votación.

Además, la decisión estuvo precedida por una larga sesión en la que los congresistas interpelaron al ministro de Educación, Carlos Gallardo, quien enfrenta una controversia por la filtración de las pruebas a las que deben someterse los docentes.

Mientras Gallardo escuchaba las críticas de los opositores, muchos de los cuales le pedían la renuncia, desde el Gobierno seguían las negociaciones con las diversas fuerzas políticas para evitar la vacancia, un proceso que en Perú implica el juicio político contra los mandatarios.

La moción fue solicitada el pasado 18 de noviembre por Patricia Chirinos, legisladora de la alianza derechista Avanza País, quien apeló a la «incapacidad moral» de Castillo, un concepto vago que rige en Perú y que ha abonado a la debilidad institucional, ya que es una amenaza permanente para el gobernante de turno en un país que ha tenido ocho presidentes en los últimos 20 años.

Dos de ellos, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, fueron destituidos precisamente por «incapacidad moral».

En el caso de Castillo, el pedido para terminar con su Gobierno parecía no tener futuro, pero una sucesión de escándalos terminaron fortaleciendo el trámite parlamentario.

El mes pasado, la Fiscalía encontró 20.000 dólares en efectivo en la oficina del exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, quien ya había renunciado al cargo y era investigado por supuesto «tráfico de influencias» para favorecer a empresas privadas.

Esto permitió que la oposición redoblara sus esfuerzos para destituir al presidente. El 25 de noviembre, Chirinos presentó una moción que ya contaba con el aval de 28 legisladores de las bancadas conservadoras Renovación Popular y Fuerza Popular (fujimorismo). Las acusaciones eran múltiples, desde los nombramientos de ministros cuestionados (y que en su mayoría ya han sido sustituidos) hasta las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Luego, un programa de televisión reveló que Castillo se había reunido con políticos y empresarios en una casa en Breña, un popular barrio del centro de Lima, en donde vive debido a que no quiere mudarse al Palacio de Gobierno.

El problema es que Castillo nunca informó oficialmente de esos encuentros, algo a lo que está obligado por ley debido a su investidura. En su defensa, argumentó que eran encuentros personales que solo atañen a su vida privada.

«Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido a algún interés en particular», aseguró.

Las explicaciones no satisficieron. Por el contrario, alimentaron las acusaciones opositoras de posible corrupción, ya que en la lista de visitantes se encuentran empresarios que más tarde consiguieran contratos del Gobierno. Una de ellos es la empresaria Karelin López, quien horas después de ver al mandatario ganó una licitación por 64 millones de dólares.

Castillo asumió el pasado 28 de julio, después de un largo conflicto postelectoral en el que la opositora Keiko Fujimori se resistía a aceptar su derrota. Desde que se colocó la banda presidencial, su Gobierno ha estado en crisis constante por el acoso de la oposición partidaria y mediática, a lo que se suman los enfrentamientos políticos al interior de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder.

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