Crisis de fiabilidad en Brasil tras los errores de las encuestadoras en la primera vuelta
La reputación de reconocidas encuestadoras brasileñas ha quedado en entredicho tras el resultado de la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado 2 de octubre, ya que los sondeos indicaban un amplio margen de diferencia entre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que el escrutinio de los votos no confirmó.
Un día antes de las votaciones, Datafolha e Inteligencia de Investigación y Consultoría Estratégica (IPEC, por sus siglas en portugués), las dos encuestadoras de mayor importancia en el país, mostraban que Lula da Silva superaba a Bolsonaro por un margen de hasta 14 puntos porcentuales en la intención de voto. Sin embargo, la diferencia en las urnas fue significativamente menor, dando paso a una crisis de fiabilidad.
Aunque el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) fue el más votado, la diferencia con su rival fue estrecha —de poco más de 5 puntos— y no rebasó el 50 %.
Estas empresas no sólo erraron en el pronóstico de los resultados presidenciales, sino que también tuvieron al menos 11 fallos graves en carreras para el Senado o de algunos gobernadores.
Por ejemplo, en Sao Paulo, ambas encuestadoras mostraron a la cabeza al excalde Fernando Haddad, candidato del PT a gobernador del estado, seguido de Tarcísio Gomes de Freitas, de los Republicanos y aliado de Bolsonaro. Y, aunque los dos candidatos avanzaron a la segunda vuelta, tal y como pronosticaron, el escenario fue el inverso.
Las técnicas y la selección de la muestra poblacional también han sido cuestionadas, motivando críticas y reacciones de aliados del actual jefe de Estado.
En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para criminalizar los errores de las encuestas que proponía hasta 10 años de prisión, algo que ya estuvo sobre la mesa en el pasado.
Asimismo, con la primera encuesta dada a conocer en vísperas de la segunda vuelta, desde el Senado hubo consenso para instalar un grupo de investigación a estos institutos. Incluso el Ministerio de Justicia pidió a la Policía Federal que abriera una investigación en contra de estas empresas, algo que el Tribunal Superior Electoral suspendió por no ser de su competencia.
Por su parte, las encuestadoras argumentaron que el objetivo de estos instrumentos era captar la intención de voto en la fecha que se realizan, pero que no pueden predecir cambios en la decisión final.
El escándalo fue tal, que vendedores ambulantes en Río de Janeiro han hecho sus propios sondeos a través de la comercialización de toallas. La tendencia se denomina ‘DataToalha’, en referencia a DataFolha, y el marcador se actualiza en función de la cantidad de productos que venden con la imagen de uno u otro candidato.
Ante este panorama, cabe cuestionar la influencia real de estos instrumentos en el votante y en el rumbo de las campañas, ya que, con un exceso de confianza, los candidatos podrían descuidar a un porcentaje del electorado.
