Crean una comisión para investigar reportes de limpieza étnica, violaciones grupales y violencia atroz en Tigray: ¿qué sucede en esta región etíope?
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos creó este viernes la Comisión de Investigación sobre Tigray para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en esta región del norte de Etiopía, y recopilar toda la información pertinente para determinar si las denuncias corresponden a casos graves y sistemáticos.
La comisión empezará su trabajo este mismo viernes en Banjul, la capital de Gambia, y llevará a cabo investigaciones sobre el terreno —cuando lo permita la situación en Tigray— y en los países vecinos. Las observaciones tendrán una duración inicial detres meses, aunque este período podrá prolongarse posteriormente.
Según el comunicado, la entidad se adherirá a los principios de independencia, confidencialidad, imparcialidad y neutralidad, y garantizará la protección de sus colaboradores. La Unión Africana pidió la colaboración de todas las partes interesadas para poder llevar a cabo esta misión.
Reacción de Etiopía
El Ministerio de Relaciones Exteriores etíope condenó la decisión de la Unión Africana. «Es lamentable observar que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos hizo una declaración unilateral sobre la creación de una ‘comisión de investigación’ que está completamente fuera del alcance de la invitación del Gobierno y no tiene base legal«, reza el comunicado ministerial. Al mismo tiempo, las autoridades etíopes llamaron a la organización a «cesar el proceso que ha iniciado y que no es reconocido por Etiopía», y a optar por el camino de la cooperación con el Gobierno de Adís Abeba para investigar la situación en Tigray.
Conviene señalar que la cancillería calificó de unilateral la creación de la comisión, alegando el compromiso alcanzado en marzo de 2021 entre los representantes de la organización y del Gobierno del país sobre la discusión de las modalidades del trabajo conjunto en la investigación de las violaciones de derechos humanos en Tigray.
Inicio del conflicto de Tigray
Las tensiones entre el primer ministro del país, Abiy Ahmed Ali, y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) empezaron poco después de que Abiy asumiera el cargo en 2018. El partido TPLF no solo formaba parte de la coalición gubernamental desde 1991, sino que también era dominante en ella. Al mismo tiempo, ha gobernado la región de Tigray, en el norte del país.
Tras su elección para el puesto de primer ministro, Abiy realizó reformas dentro del país y contribuyó a la normalización de las relaciones con Eritrea, después de una guerra entre ambas naciones desde 1998 al 2000. Por sus acciones, Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz en 2019. El Frente de Liberación Popular de Tigray, que según estimaciones de la ONG Grupo de Crisis tiene aproximadamente 250.000 militares, participó directamente en dicha guerra, ya que la región bajo su liderazgo se ubica en la frontera con Eritrea.
Las tensiones se agudizaron el año pasado, luego que en agosto las autoridades federales pospusieran las elecciones parlamentarias a nivel nacional debido a la pandemia, prohibición que fue ignorada por las autoridades de Tigray. Después de que la región realizara comicios en su territorio, Adís Abeba los calificó de «ilegales».
En noviembre del 2020 Ahmed acusó a las fuerzas regionales de Tigray de atacar al Ejército etíope. En respuesta, se lanzó una ofensiva para reprimir las actividades de las fuerzas regionales, que, según el Gobierno, pusieron en peligro «el orden constitucional, la paz pública y la seguridad, amenazando especialmente la soberanía del país».
En el período inicial del conflicto, la Unión Africana apoyó las acciones del Gobierno de Etiopía, y en diciembre de 2020 Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, órgano ejecutivo de la organización, señaló que Adís Abeba había llevado a cabo una acción militar «legítima» en Tigray para preservar la unidad y la estabilidad del país.
El rol de Eritrea
Desde el inicio del conflicto surgieron reportes de la aparición en Tigray de unidades del Ejército de Eritrea, que aprovechando el mejoramiento de las relaciones con el Gobierno etíope de Abiy Ahmed, le habrían ayudado a hacer frente a los miembros del Frente de Liberación Popular de Tigray.
En noviembre, el TPLF también lanzó misiles contra el territorio de Eritrea, alegando ataques por parte de militares de ese país.
Primero, su involucramiento fue negado repetidamente por ambos países pese a que decenas de testigos denunciaron asesinatos de civiles, casos de violencia grupal y torturas de mujeres, así como saqueos de hogares y cosechas por parte de los soldados del país limítrofe.
Sin embargo, en marzo de 2021 el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, reconoció por primera vez la presencia de tropas de la vecina Eritrea en Tigray. Explicó que llegaron al territorio por temor a ser atacadas por los combatientes regionales. A principios de abril de 2021 las autoridades etíopes dieron a conocer que los soldados eritreos comenzaron a retirarse de Tigray.
A principios de mayo, el Consejo de Ministros de Etiopía aprobó la resolución que designaba al TPLF como organización terrorista, acusándolo de ataques contra civiles cometidos a lo largo de varios años.
Denuncias de atrocidades cometidas durante el conflicto
Sin embargo, a medida que las tensiones se agravaron, la comunidad internacional empezó a observar con lupa la situación en Etiopía, y a finales de marzo la ONU reportómás de 500 denuncias de violaciones sexuales en la zona. Al respecto, el primer ministro etíope reconoció que se estaban «cometiendo atrocidades al violar a mujeres», y prometió que los responsables serían castigados.
Sin embargo, la violencia no se detuvo, y en abril de 2021 la ONU volvió a denunciar múltiples atrocidades en la zona de confrontación. Tras reportes de limpiezas étnicas y violaciones grupales en Tigray. A su vez, el patriarca de la Iglesia ortodoxa etíope, Abune Mathias, que nació en la región de Tigray, calificó de «genocidio» la situación en la zona. El Gobierno de Etiopía reaccionó a las alegaciones de los actos de agresión desplegando una misión de investigación.
Pese a ello, las denuncias no cesaron y en mayo de 2021 la OMS estipuló que «en ningún lugar del mundo» se registraron violaciones «desenfrenadas» a tal escala como en la región de Tigray. El desarrollo del conflicto dificultó la distribución de la ayuda humanitaria para los habitantes de la región. Ante este panorama, Mark Lowcock, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, alertó de una inminente hambruna que podría dejar cientos de miles de muertos.
Para provocar la reacción de la comunidad internacional frente a la situación en Tigray, un grupo de organizaciones de defensa de los derechos humanos pidieron el pasado 11 de junio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que adoptara una resolución que trace los lineamientos de la provisión de asistencia humanitaria para los afectados en el conflicto.
A su vez, las autoridades etíopes profundizan en la investigación de las atrocidades y ya identificaron a varios altos cargos del Ejército que podrían ser responsables de crímenes de guerra.
