Danilo Sylva, representante del Ejecutivo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), detalla que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) busca terminar con una etapa en la que se usó la ley para el control y la sanción.

Afirma que ahora se encargará de la protección de derechos ciudadanos y de la libertad de expresión.

¿Por qué considera necesaria la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación?

La ley de comunicación ha sido cuestionada, tanto a nivel nacional como por expertos internacionales, fundamentalmente, porque se considera que en alguna parte de su articulado obstaculizaba y perturbaba el adecuado ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Entre las reformas se incluye la reubicación del personal de la Supercom a la Defensoría del Pueblo y a la Cordicom, con una evaluación previa. ¿Hay espacio suficiente para ese personal? ¿Cómo será el cambio?

No todo el personal irá a la Cordicom o a la Defensoría del Pueblo; eso lo harán las autoridades laborales; la evaluación correspondiente será conforme a las necesidades de cada institución para que se puedan incorporar. El número exacto se verá más adelante, si se aprueba la reforma y dentro del plazo establecido.

Con la eliminación de la Supercom, ¿habría necesidad de cambios en el Código Integral Penal, para que traten temas de comunicación?

Esta reforma no contempla nada sobre materia penal.

¿Quién estará a cargo del proceso de disolución de la Supercom?

En la transitoria se considera un plazo de hasta 180 días, puede ser antes. En este momento está Paulina Quilumba, quien es la superintendenta subrogante, y antes la Intendenta General. Si designan a otro será un asunto del Ejecutivo y del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y evidentemente quien ejerza las funciones al momento de que se expida la ley en este proceso transitorio será la persona que hará el proceso de liquidación y de cierre.

¿Acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para tratar el tema de la comunicación en el país?

Solicitaremos una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el momento que resuelva si la comunicación es vista como servicio público o derecho humano dirimirá y cesará este debate inconcluso que ha tenido Ecuador. De ahí que eso es de cumplimiento obligatorio. (I)