Incluso antes de que Gustavo Petro ganara las presidenciales, los analistas coincidían en que la seguridad era uno de sus grandes retos. Más allá de la función del Estado como su garante, el foco está en los grupos armados ilegales que ocupan más de la tercera parte del país y que representan una amenaza constante a la vida y la paz.

Petro hereda un reclamo de los lugares más apartados del país: mayor presencia estatal, lo que se traduce en más prevención y acompañamiento que en militarización y confrontación.

Precisamente en la periferia, donde el líder del Pacto Histórico alcanzó los niveles más altos de votación junto a su compañera de fórmula, Francia Márquez, está el desafío de cumplir con los reclamos de quienes estuvieron más cerca de la violencia impuesta por las organizaciones armadas que del Gobierno.

La acción de estas estructuras se ha extendido a 420 municipios de Colombia, lo que representa el 37 % del territorio, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su informe ‘Plomo es lo que hay’.

La violencia que hay

Petro asume el mandato en medio del recrudecimiento de la violencia y de la confrontación por el control territorial, lo que se traduce en homicidios, víctimas de minas antipersonales y desplazamiento interno, según el informe de ‘Los focos del conflicto en Colombia’, del Instituto de Estudios para Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En este panorama se encuentran el Clan del Golfo, la principal y más peligrosa organización narcocriminal del país, seguida de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, que forman parte de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).

Sobre las muertes de líderes sociales, aunque no haya información del grueso de los asesinatos, según Pares, las disidencias de las FARC serían las principales responsables, seguidas por el Clan del Golfo, el ELN y la Fuerza Pública.

Como una manera de abordar el tema de la violencia desde otro ángulo, el presidente electo habló en la campaña de su disposición al diálogo. Será a partir del 7 de agosto cuando tendrá la oportunidad de demostrar si puede haber negociaciones con el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y con otros grupos que no se han mostrado interesados en tener acercamientos.

Por otro lado, en el país suramericano operan 22 estructuras narcoparamilitares, de las cuales seis realizan «acciones recurrentes» y causan «afectación mayor», principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Meta, según el escrito.

De los 1.103 municipios del país, 291 tuvieron actividad del narcoparamilitarismo durante 2020, lo que representa 27 de los 32 departamentos del país.

1- El Clan del Golfo

El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), compuesto por unos 1.700 integrantes, tiene operaciones en el 80 % del territorio colombiano donde hay grupos paramilitares, lo que implica que tienen «el mayor accionar en el país», según Indepaz.

Su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, fue extraditado a EE.UU. en mayo pasado. Debido a esto, la organización intensificó sus acciones de violencia y ese mismo mes decretó un «paro armado» que cercó a la población de 11 departamentos del país, en protesta por la decisión judicial. Seis personas murieron tras esos ataques.

Sus principal eje de operación está en la costa Caribe y Pacífica y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, San Andrés, Chocó y Antioquia, según Indepaz. Estos lugares anteriormente eran controlados por las FARC.

• ¿Cuáles son sus acciones?

El Clan del Golfo realiza actividades vinculadas con el narcotráfico, blanqueo de capitales, minería ilegal, cobro de rentas, financiamiento de personalidades del ámbito artístico, musical y deportivo. Además, posee vínculos con sectores políticos, empresariales y estatales, recoge el texto ‘Los focos del conflicto en Colombia’.

Asimismo, está detrás de los asesinatos, amenazas y desplazamiento forzados de los defensores ambientales y miembros de comunidades indígenas y actúan como grupos contrairsurgentes.

Esta estructura asume el papel de un cuerpo armado privado, realiza operaciones de «profilaxis social» y ejerce la justicia por sus medios.

• Su origen

Luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el Gobierno de Álvaro Uribe se conformaron varios grupos armados ilegales, entre los que se encuentran las AGC.

Estas estructuras fueron llamadas Bacrim (bandas criminales) por el mandatario derechista, que las relacionaba directamente con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, esa denominación se cambió por Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), a partir de 2018.

Indepaz señala que al catalogarlas como delincuencia organizada se minimiza su origen paramilitar y sus cruentas prácticas criminales. Otros analistas apuntan a una supuesta connivencia del Clan del Golfo con el Gobierno y los principales grupos políticos, económicos y militares del país.

2- El ELN

El ELN es el grupo guerrillero activo con más antigüedad de Colombia, que ha pasado por varios procesos fallidos de negociaciones de paz con los gobiernos de los últimos 30 años.

La posibilidad de desarme de esta guerrilla, compuesta por 2.450 integrantes, es uno de los puntos pendientes de Petro, que se refirió a la reanudación de las conversaciones para lograr finalmente un acuerdo de paz.

Este grupo armado, conformado en 1964, actualmente es el segundo con mayor presencia en el país. Tiene incidencia en 211 municipios y en 23 departamentos, entre los que destacan Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó y el Norte de Santander.

• Negociaciones rotas

En febrero de 2017, el ELN inició negociaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Al año siguiente, tras el triunfo de Iván Duque, el mandatario entrante dijo que evaluaría su continuidad bajo nuevas condiciones. Posteriormente, les pidió que liberaran a los retenidos y que hicieran un alto al fuego unilateral.

En enero de 2019, Duque suspendió definitivamente el diálogo tras el atentado contra la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, en Bogotá, que dejó más de 20 fallecidos y 60 heridos, y que se atribuyó el ELN.

Este grupo armado, catalogado como terrorista por el Gobierno, sufrió una importante baja en octubre de 2020 con la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias ‘Pedro’ o ‘Uriel’, como resultado de una operación de las autoridades.

‘Uriel’ era el tercer jefe del frente de Guerra Occidental del ELN, en el departamento de Chocó. Además, era uno de los presuntos responsables del atentado contra la Escuela de Cadetes.

• Lo que se espera

A mediados de junio, el ELN anunció su disposición de reanudar los diálogos con el Gobierno de Petro y aseguró en un comunicado que deseaba «avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciadas en Quito en 2017». Sin embargo, en el mismo texto afirmó que «mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar«.

Petro, quien ha dicho que «llegó el momento de la paz» tanto para esa guerrilla como para otros grupos armados, planteó la necesidad de que haya un cese al fuego bilateral.

Por lo que ha asomado el líder del Pacto Histórico, el proceso sería similar al ocurrido con las FARC debido a que se incluirán negociaciones «judiciales, en la mayoría de los casos, y negociaciones políticas» con el fin de que «se acabe la guerra en Colombia».

Otro punto que debería estar sobre la mesa entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, cuyas relaciones diplomáticas se espera que se reanuden, son las constantes acusaciones mutuas de protección a grupos armados en sus países con fines desestabilizadores.

Durante todo su mandato, Duque se refirió a una supuesta presencia del ELN en Venezuela, donde recibiría el apoyo del Gobierno del país vecino. Sin embargo, en la única oportunidad en la que el mandatario colombiano trató de sustentar su denuncia hubo un error.

En 2019, Duque presentó unas imágenes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con presuntos integrantes del grupo armado en territorio venezolano. La veracidad de las fotos fue cuestionada por los propios medios colombianos que demostraron que habían sido hechas en ese país años atrás.

• ¿Hacia dónde va el ELN?

En su informe, Indepaz sostiene que no pareciera que el ELN tenga «una estrategia de confrontación con las Fuerzas Armadas» ni de poder y que «se enfoca en la defensa de zonas de influencia y en el control de subregiones».

Entre sus acciones se encuentra el reclutamiento de menores de edad, afrodescendientes e indígenas, cobro de extorsiones, secuestros, instalación de minas antipersonales, imposición de toques de queda y desplazamiento de la población. Del mismo modo, realizan actividades como robo de ganado, minería ilegal, narcotráfico y cultivos ilícitos.

3- Disidencias de las FARC

En Colombia hay 30 estructuras post FARC o disidencias, que se han configurado en tres grandes grupos independientes y desarticulados. Actualmente, recoge el estudio de Indepaz, no tienen un proyecto insurgente común ni representan «un escenario de guerra» como antes del acuerdo de paz.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 95 % de los 13.000 excombatientes que se acogieron al acuerdo aún permanecen desmovilizados. Sin embargo, el paradero del 5 % restante se desconoce y no hay certeza sobre si forman parte del grupo armado o si ha habido nuevos reclutamientos.

En 2020, operaban en 123 municipios y en 22 departamentos del país suramericano.

Las disidencias o Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r), como las denomina el Gobierno, están compuestas por excombatientes que no se plegaron al acuerdo de paz o por quienes lo abandonaron.

Los grupos con más impacto en el país son el Bloque Suroriental o Gentil Duarte, que no quiso participar en el proceso de desarme; la Segunda Marquetalia, integrada por quienes volvieron a la selva argumentando que el Estado incumplió con lo acordado, y el Comando Conjunto de Occidente, que no fue incluido por las FARC en las negociaciones.

• Gentil Duarte

A diferencia de ‘Iván Márquez’, Miguel Botache, conocido como ‘Gentil Duarte’, no esperó la implementación del acuerdo de paz para retomar las armas y unirse al Frente Primero de las extintas FARC.

Botache fue reportado como fallecido por el Gobierno colombiano, en mayo de este año. Según esta versión, el líder del Bloque Suroriental fue encontrado Venezuela, lo que forma parte del constante señalamiento de Bogotá sobre el supuesto respaldo de Caracas a estos grupos irregulares.

La causa de la muerte fue desmentida por el Estado Mayor Central de esa facción del grupo disidente, que responsabilizó al Estado colombiano y a la Embajada de EE.UU. en ese país de haberlo asesinado «cobardemente» y «de forma rastrera» en un atentado con un explosivo ubicado bajo su cama.

Tras la muerte de Botache se presumió que el grupo estaba dirigido por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, que acompañó a ‘Duarte’ cuando abandonó el acuerdo de paz, y que fue reportado como muerto por el Gobierno colombiano tras un bombardeo del Ejército y la Policía.

• Importancia de esta facción

Esta estructura armada es la tercera con más impacto en el país y la primera de las disidencias. Esta compuesta por unas 2.700 personas y tiene alcance en 119 municipios, según Pares.

Gentil Duarte opera principalmente en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés. En esas zonas mantiene el control de ríos para transportar drogas, madera y ganado producto del comercio ilegal.

En los territorios que domina hay laboratorios de procesamiento de cocaína y rutas para el transporte de los insumos para su producción. Además, posee tierras pertenecientes a los campesinos.

Esta facción de las disidencias ha tenido enfrentamientos por el control territorial con el ELN y la Segunda Marquetalia.

• Segunda Marquetalia

Este es uno de los grupos armados más perseguidos por el Gobierno. Esta facción, compuesta por 2.000 miembros, se encontraba bajo el mando Luciano Martín, alias ‘Iván Márquez’, quien participó en las negociaciones de paz en 2016 y se retiró del proceso en 2019, alegando que el Estado traicionó los acuerdos de paz.

En un video difundido para anunciar su regreso a la selva, Márquez dijo que se iniciaba «la nueva Marquetalia», con referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace medio siglo. El guerrillero estaba acompañado por Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, cuya muerte fue confirmada por ese grupo en mayo de 2021.

Sobre Márquez no hay información definitiva. Mientras que la Casa de Nariño no descarta su muerte, la Segunda Marquetalia emitió un video donde afirma que «sufrió pequeñas afectaciones» en el atentado perpetrado contra él en la vecina Venezuela, el 30 de junio.

• Violencia y bajas

Esta facción, que ha incrementado sus niveles de violencia para lograr el control territorial, según Indepaz, realiza actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. De igual forma, es responsable de amenazas, desplazamientos forzados entre la población campesina e indígena, confinamientos, reclutamientos y utilización de menores de edad.

En menos de un año y medio, la Segunda Marquetalia ha sufrido una decena de bajas importantes entre las que se encuentran las de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’, y Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, que, según Bogotá, se escondían en el país vecino, bajo la anuencia de Maduro.

Aunque la promesa de Márquez al retomar las armas era la de coordinar esfuerzos con el ELN y con otros grupos guerrilleros, algunos analistas señalan que este objetivo no se ha cumplido por los conflictos por el control territorial y de las economías ilícitas. Además, el grupo, que tiene presencia en 61 municipios del país, no ha podido ocupar los espacios tomados por las FARC.

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