Congreso de Perú archiva la iniciativa gubernamental para una cuestión de confianza: ¿y ahora qué?

El Congreso de Perú envió este viernes al archivo una iniciativa del Gobierno para pedir la anulación de una ley que limita las atribuciones del Ejecutivo.

En esa solicitud, el Ejecutivo planteó una cuestión de confianza, una herramienta constitucional que permite al Gobierno accionar el cierre del Parlamento en caso de que se le deniegue dos veces.

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó la moción con 16 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención.

«Hemos declarado ante el Parlamento una prerrogativa del Ejecutivo: la cuestión de confianza. Hoy conocemos la respuesta. Debo anunciar que el Ejecutivo dará también una respuesta, en las próximas horas, al pueblo peruano», dijo este mediodía el presidente Pedro Castillo luego de conocer el resultado de la votación.

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— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 11, 2022

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió el martes al Congreso considerar la evaluación y eventual derogación de una normativa que restringe las atribuciones del Gobierno. Se trata de la ley 31355, que regula el ejercicio de la cuestión de confianza.

Torres pidió para ello el aval de los congresistas y, en medio de la tensa disputa entre ambos poderes, la solicitud fue rechazada. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, dijo que el pedido del primer ministro «no resulta atendible en los términos planteados».

«Revisar esa ley más bien rompería el equilibrio de poderes», consideró Williams, al tiempo que formuló la inconstitucionalidad del proyecto.

Ocurre que en octubre de 2021, el Gobierno de Castillo presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso para anular la norma, que había sido aprobada recientemente por el Congreso. Sin embargo, el tribunal declaró infundado el pedido del Ejecutivo.

La iniciativa del Gobierno fue propuesta el 8 de abril, pero todavía no cuenta con dictamen de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorismo. Ello, pese a que el artículo 105 de la carta magna establece que los proyectos del Ejecutivo deben ser atendidos con urgencia.

La ley que quiere derogar el Gobierno establece que el Ejecutivo puede utilizar la cuestión de confianza para «materias relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno», no para «las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos».

¿Cierre del Legislativo?

La oposición en el Congreso, dominado por sectores de la derecha, teme que el presidente Castillo esté buscando con esa herramienta la forma de cerrar y reconfigurar, a través de una nueva votación, al Poder Legislativo, que busca destituir al mandatario por tercera vez mediante un nuevo pedido de vacancia.

En 2019, el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso luego de que le negaran por segunda vez la cuestión de confianza, y al año siguiente fue destituido por la misma institución, que pidió su salida por «incapacidad moral permanente».

Mientras, este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que plantea acusar al presidente Castillo por presunta traición a la patria e infracciones a la Constitución.

La medida podría significar un juicio político contra el mandatario y, además, inhabilitarlo por cinco años para la función pública.

Según Castillo, hay un asedio permanente de golpe de Estado, que se ha mantenido latente desde que asumió la banda presidencial.