Hanad Abdi Mohammad, un somalí que salvo a 31 personas de un barco de contrabando que se hundía frente a la isla griega de Lesbos en diciembre, ha sido condenado a 142 años de prisión, tras ser acusado de tráfico de personas.

El hombre de 28 años recordó que estaba asustado cuando agarró el timón del barco que se hundía, pero estaba decidido a salvarse a sí mismo y a las otras 33 personas a bordo.

En comentarios transmitidos por sus abogados, Mohammad afirma que no se arrepiente de haberlo hecho, «si no lo hubiera hecho, estaríamos todos muertos» y, describiendo el desafortunado cruce desde Turquía, menciona que aún tiene pesadillas sobre esa noche.

Una copia del fallo del Tribunal Penal de Lesbos, con fecha del 13 de mayo, al que tuvo acceso The New York Times, menciona que Mohammad fue sentenciado a un total de 142 años y 10 días de prisión por tráfico ilegal de migrantes hacia Grecia. Sin embargo, cumpliría un total de 20 años tras las rejas, el máximo permitido por el código penal del país europeo.

Defensores de los derechos humanos afirman que Mohammad es uno de los varios solicitantes de asilo que ha recibido una larga pena por tráfico o por facilitar la entrada ilegal de personas en los últimos meses. El año pasado, dos hombres afganos de 24 y 26 años recibieron sentencias de 50 años por los mismos motivos, indica Lorraine Leete del Centro Legal Lesbos, quien los representó. Sin embargo la pena de Mohammad fue más severa porque dos mujeres se ahogaron durante ese cruce.

Según los abogados del acusado, Dimitris Choulis y Alexandros Georgoulis, ocho migrantes que estuvieron en el barco, han confirmado que el contrabandista turco que los transportaba abandonó la embarcación y que Mohammad trató de salvarlos después de que una nave de la Guardia Costera turca lo obligara a entrar en aguas griegas. Solo a dos de los migrantes se les permitió testificar en la corte debido a las restricciones del coronavirus.

A menudo, los traficantes limitan el tiempo que pasan en los barcos, y cuando se acercan a las costas griegas, suelen señalar a un migrante para tomar el timón y abandonan la embarcación, explican los abogados que defienden a Mohammad y a otros individuos en situaciones similares.

Duras sentencias

Estos hechos han despertado el interés y preocupación de expertos legales y grupos de derechos humanos, que aseguran que varios migrantes están siendo acusados ​​y sentenciados injustamente.

La práctica de enjuiciar a los migrantes por tráfico ilícito en la región comenzó durante la crisis migratoria de 2015 y 2016, cuando más de un millón de refugiados atravesaron las islas griegas. Los procesos se han intensificado a medida que Grecia endureció su política migratoria en los últimos años.

«La criminalización de los migrantes como medio de disuasión ha sido una estrategia durante mucho tiempo», señaló François Crépeau, experto en derecho internacional y ex alto funcionario de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes. «El último paso es lo que hemos visto en Grecia recientemente, un número obsceno de años de prisión para personas que básicamente están tratando de salvar sus vidas y proteger a sus familias» manifestó.

Grecia, por su parte, se defiende argumentando que sus tribunales son justos y que tiene la obligación de proteger sus fronteras.

Clio Papapadoleon, abogada de derechos humanos, denuncia que no se hacen esfuerzos reales para rastrear a los verdaderos traficantes. «A los arrestados nunca se les pregunta quién te dio el bote, quién te abandonó en el mar», mencionó. Sin embargo, reconoció que los migrantes a veces pueden acceder a tomar el mando a cambio de un pequeño pago o pasaje gratuito, ya que los traficantes se aprovechan de su desesperada situación financiera.

La Policía griega informó en un comunicado que todos los casos sospechosos fueron investigados de manera justa bajo la supervisión de un fiscal y que todos los delitos fueron procesados ​​de acuerdo con la ley. Sin embargo, no está claro cuántos de los cientos de migrantes que cumplen condena en las cárceles griegas por tráfico de personas o por facilitar la entrada ilegal, pueden haber sido condenados injustamente.

Alexandros Konstantinou, del Consejo Griego para los Refugiados, considera que condenar a los refugiados como contrabandistas era parte de una estrategia más amplia para disuadir más llegadas.

Otras medidas han incluido la penalización de la entrada ilegal en 2020, aplicada a los migrantes en la frontera terrestre greco-turca y una decisión reciente de Grecia de designar a Turquía como un lugar seguro para quienes solicitan asilo, con el objetivo de presionar a Ankara a recuperar los migrantes que se encuentran actualmente en su territorio.