A una semana de la inédita consulta popular que puede posibilitar que los expresidentes mexicanos sean investigados por presuntos delitos, la principal incógnita es cuánta gente saldrá a participar, ya que se requiere un mínimo de 37 millones para que el resultado sea vinculante, es decir, para que en realidad avance hasta llegar a tribunales.

La campaña rumbo a este ejercicio democrático que se realizará el 1 de agosto, y que no tiene antecedentes en el país, ha sido apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes, quienes están convencidos de que se podrá enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, este objetivo no es tan claro, ya que la pregunta que vendrá impresa en las papeletas dice:»¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Los verdaderos alcances de esta votación han sido puestos en duda debido a la vaguedad de que el cuestionamiento se refiera a «actores políticos» y no a los expresidentes; a «años pasados» y no a determinados periodos de Gobierno; y a «proceso de esclarecimiento» y no a juicios en concreto.

Ese ha sido el principal tema de discusión de la campaña, ya que el oficialismo insiste en que, si gana el sí, los exmandatarios podrán ser sentados en el banquillo de los acusados, aunque la pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia más bien se presta a confusión.

En el fondo, la consulta aborda la corrupción endémica de la que adolece una clase política mexicana desprestigiada por el enriquecimiento, las denuncias y la impunidad que ha protegido de los gobernantes en un país con altos niveles de pobreza.

Hasta hoy, los presidentes han sido intocables, ya que a pesar de múltiples escándalos, ninguno ha sido investigado, contrario a decenas de gobernadores estatales que han sido detenidos, juzgados, condenados o están procesados o prófugos.

Reacciones

Desde que López Obrador propuso formalmente la consulta en septiembre pasado, comenzaron a enumerarse los posibles delitos que se les podrían imputar a sus predecesores. De manera general, el presidente los ha acusado de haber saqueado el país al aplicar políticas neoliberales que profundizaron la pobreza ni la desigualdad.

Por otra parte, el presidente ha anunciado en varias ocasiones que, a pesar de haberla impulsado, él no participará en la consulta porque prefiere «mirar para adelante», así que la decisión de juzgar o no a sus antecesores debe ser por completo de los ciudadanos.

De los personajes aludidos, los únicos que mantienen una activa visibilidad pública son Fox y Calderón, quienes siempre fueron férreos opositores a López Obrador, por lo que suelen denostar todas sus iniciativas, incluida la consulta popular que puede perjudicarlos directamente.

Fox, por ejemplo, ha afirmado que el actual mandatario también debería ser investigado por los 90.000 homicidios registrados durante sus primeros dos años de gobierno, la caída de la economía, los 250.000 muertos por la pandemia y la pérdida de empleos, entre otras acusaciones. En sus mensajes en redes sociales también ha incluido insultos contra las personas que votarán.

Corrupción, fraudes y crímenes de lesa humanidad: los delitos por los que podrían ser juzgados los expresidentes mexicanos

Para Calderón, la consulta es directamente violatoria de los derechos constitucionales y de la presunción de inocencia, además de que la calificó como «un circo romano» para preguntarle su opinión a las multitudes.

«Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano», retó.

A la polémica que atraviesa la consulta también se ha sumado el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo con el que López Obrador mantiene un enfrentamiento, y que esta semana ordenó eliminar los videos y versiones estenográficas de la conferencia presidencial del pasado 19 de julio, por considerar que viola la veda electoral rumbo al 1 de agosto.

El argumento de la decisión es que en esa rueda de prensa se anunció que las personas mayores de 65 años serán incluidas en la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, pero ello implica la difusión de propaganda gubernamental que está prohibido en vísperas de la consulta.

Apoyo

La consulta ha sido fuertemente impulsada a través de una campaña lanzada el mes pasado por periodistas y dirigentes sociales afines a López Obrador, quienes han hecho activismo presencial en todo el país y en redes sociales.

El respaldo más sorpresivo hasta ahora es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este mes, el Subcomandante Moisés publicó una carta en la que convocó a votar por el «sí» el 1 de agosto.

«Quienes allá arriba, en los partidos de ‘oposición’, se resisten a la consulta, no solo temen lo que de ella se siga; también les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor», señaló.

El dirigente advirtió que el INE, «que también nos considera a los indígenas como ‘extemporáneos’ y nos niega la credencial» para votar,» está haciendo lo posible para que la consulta fracase, porque sabe que también le toca su parte del delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana».

Para los zapatistas, hay que participar pensando en las víctimas. «Hay que convertir la consulta en una consulta ‘extemporánea’. Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia», concluyó el Subcomandante.

Cecilia González