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Claves del nuevo bono joven de alquiler: quién podrá pedirlo y desde cuándo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva ayuda, que será compatible con otras del plan estatal y se solicitará a través de las comunidades autónomas dentro de unos meses.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regulará el bono joven de alquiler. La nueva ayuda, anunciada el pasado octubre por el presidente, Pedro Sánchez, contempla el pago de hasta 250 euros mensuales a inquilinos hasta los 35 años. Aunque no podrá sumarse a otros subsidios parecidos que otorgan las comunidades autónomas, el texto del decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí será compatible con las ayudas para jóvenes que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que será aprobado en el mismo texto legislativo, aunque en un título aparte. Estas son las claves y los requisitos para solicitar el nuevo bono joven de alquiler:

Hasta 24.319 euros de ingresos

El bono va destinado a personas de hasta 35 años que acrediten percibir rentas procedentes del trabajo. Estas no pueden sobrepasar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), lo que tras la última revisión de 2022 supone unos ingresos anuales de 24.318,84 euros. Obviamente, deben acreditar que viven en régimen de alquiler y será condición indispensable figurar en el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, para no perjudicar la movilidad laboral, se contempla la posibilidad de subir ese límite hasta cuatro veces el IPREM (32.425,12 euros), cuando el perceptor del bono se mueve entre provincias o de una comunidad autónoma a otra, lo que no podrá ser motivo para perder la ayuda, si se siguen cumpliendo los requisitos. El límite de ingresos, en principio, se aplica como renta del hogar: es decir, todas las personas que tienen su domicilio habitual en el piso que está arrendado, figuren o no en el contrato. No obstante, habrá posibilidad de regular algunas excepciones. Lo que sí será necesario es que los solicitantes estén empadronados en el domicilio para cuyo arrendamiento piden la subvención.

Una ayuda finalista

Los perceptores del bono recibirán un máximo de 250 euros mensuales que deberán destinar obligatoriamente a pagar la renta porque la ayuda es finalista: solo puede usarse con ese objetivo. Esto significa que si, por ejemplo, un joven paga 200 euros de renta mensual, ese será el tope de lo que podrá percibir.

El Gobierno ha calculado que la medida podrá beneficiar este año hasta a 70.000 personas. Si se divide la dotación presupuestaria (200 millones) entre el tope anual por cada beneficiario (3.000 euros) se podrían atender cerca de 67.000 solicitudes. Según el INE, en España hay casi 600.000 inquilinos de ingresos bajos que no superan los 35 años de edad.

Compatibilidad con otras ayudas

La vivienda es una competencia transferida a las comunidades autónomas, lo que hace que algunas de ellas ya tengan medidas similares a la que se va a aprobar ahora, sobre todo las dirigidas a la emancipación de los jóvenes. El Gobierno había dejado claro que el bono sería incompatible con esas ayudas autonómicas.

Sin embargo, el decreto regula algunas compatibilidades: en concreto se puede percibir a la vez que otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, también se puede compaginar con el ingreso mínimo vital (IMV) y las comunidades podrán habilitar un régimen especial para inquilinos especialmente vulnerables. La cuarta excepción viene en el mismo decreto, que también va a poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Este contempla un programa de ayudas de alquiler a jóvenes que las comunidades podrán poner con fondos estatales (es decir, al margen de las ayudas que contemplen con sus recursos propios).

¿En qué consiste este otro programa? Se trata de ayudas hasta el 60% del importe de la renta y se dirige igualmente a solicitantes hasta 35 años que no superen el triple del IPREM, aunque en este caso se podrá llegar hasta 5 veces el IPREM (40.531,4 euros) en función de las circunstancias familiares. Para supuestos de compatibilidad con el bono joven, solo se podrá recibir el 40% del importe de la renta que esa ayuda no cubra. Es decir, si un joven paga 500 euros al mes y recibe 250 euros de bono joven, con esta segunda línea de subvenciones solo podrá percibir el 40% de los 250 euros que no se incluyen en el bono.

Inmuebles hasta 900 euros

Otra limitación del bono joven es la renta máxima del inmueble alquilado. Con carácter general será de 600 euros, porque se entiende que si una persona paga más de esa cantidad es porque tiene circunstancias que se lo permiten y no es vulnerable ante los precios del alquiler. Sin embargo, como ya sucedió con otras medidas de la pandemia, las comunidades autónomas que lo deseen podrán subir ese límite a 900 euros (algo que a buen seguro harán Madrid, Cataluña y otros territorios que cuentan con capitales de precios elevados).

Pisos compartidos

En cualquier caso, el límite de 900 euros tampoco será definitivo porque el Gobierno ha contemplado la posibilidad de que varios jóvenes compartan piso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tres inquilinos pagasen una renta total de 1.200 euros a razón de 400 euros cada uno? El decreto deja en manos de las comunidades autónomas regular este tipo de situaciones y que en esos casos sea posible recibir el bono joven, siempre y cuando se respeten el resto de limitaciones. Como es cada comunidad la que debe gestionar las solicitudes y concesiones del bono, con cada autonomía se firmará un convenio bilateral por el que el Estado transfiere los fondos y donde se especificarán las bases de la subvención en ese territorio.

Alquiler de habitaciones

La ayuda también se podrá conceder a quienes no alquilan un piso, sino una habitación suelta. En ese caso el límite del triple del IPREM en los ingresos es inflexible y el tope de precio que puede tener la habitación que se alquila es de 300 euros.

De nuevo, se contempla que las comunidades eleven este límite hasta 450 euros en aquellos lugares donde los arrendamientos son más caros. Lo que no cambia es la cuantía de la ayuda, que tiene un límite de 250 euros mensuales. El decreto, por cierto, pide que las comunidades entreguen las subvenciones de manera periódica y, a ser posible, mes a mes. De la misma manera, los inquilinos tendrán que justificar que la han destinado a pagar un alquiler y deberán autorizar el acceso a su información fiscal para verificar que su nivel de ingresos se ajusta a la normativa.

Retroactivo, pero tardará en poder pedirse

El decreto contempla el derecho a la ayuda de manera retroactiva, desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, a partir del paso de este martes todavía pasarán semanas, e incluso meses, hasta que pueda solicitarse. Una vez publicado en el BOE, Transportes deberá convocar una conferencia sectorial con las comunidades autónomas afectadas (Navarra y el País Vasco están excluidas por su régimen foral) para decidir cómo se reparten los 200 millones presupuestados este año. Luego llegarán las comisiones bilaterales y la firmas de convenios con cada comunidad, que entonces, ya sí, podrán poner en marcha el proceso de solicitud. Fuentes de Transportes creen que todo podría quedar listo “en este trimestre”.

Un alto cargo de una Administración autonómica calcula que en el mejor de los casos su comunidad podría tener todo listo “entre marzo y abril”. Pero señala que es una estimación “a ciegas” porque, a diferencia de lo que ha sucedido con el plan estatal y otras medidas de vivienda, sobre el bono joven apenas han tenido información por parte del ministerio, lo que ha impedido ir adelantando trabajo de cara a la futura gestión de la ayuda.