El gobierno argentino dispuso por decreto que las reuniones sociales o familiares en espacios cerrados estén prohibidas desde el lunes en Argentina en el marco del incremento de casos de nuevo coronavirus y que el incumplimiento de la medida será castigado con hasta dos años de prisión.

El decreto publicado en el Boletín Oficial de Argentina señala que la prohibición de “eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente” regirá, en principio, por dos semanas en el marco de la cuarentena que está vigente desde el 20 de marzo.

En Buenos Aires y una treintena de localidades de sus alrededores no estaban permitidos este tipo de encuentros debido a que son focos principales de la infección, pero no era el caso de distintas provincias donde en recientes semanas se produjo una mayor relajación de las medidas de aislamiento y ahora están conminadas a prohibir dichas reuniones.

La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó la víspera que “el aumento (de casos) que se ve en las provincias es importante” y por eso “en esta nueva normativa y hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional”.

El decreto establece que la infracción “deberá ser denunciada por la autoridad interviniente” para que la “autoridad competente” determine si se violaron dos artículos que establecen penas de prisión de entre 15 días y dos años por desobedecer a funcionario públicos o violar medidas adoptadas para “impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Varios analistas consideraron que lo contemplado en el decreto supone un fuerte avance sobre las libertades individuales mientras que otros consideraron que tiene un carácter meramente disuasorio por la dificultad de la detección de la infracción en espacios privados.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo a radio La Red que no se pueden legislar cuestiones penales a través de decretos y cuestionó que una decisión de estas características pueda ser tomada “por el contexto de emergencia de la pandemia, que no puede arrasar con el Estado de Derecho”.

El presidente argentino Alberto Fernández había adelantado la medida el viernes, cuando anunció la novena prórroga de la cuarentena.

En las últimas semanas, las autoridades detectaron “fiestas clandestinas” en distintas localidades, mientras que dan por seguro que en los domicilios particulares las reuniones familiares se han reproducido de forma indebida en el marco del hartazgo social que produce la larga cuarentena.

Las autoridades capitalinas han recomendado que si se producen encuentros de varias personas que sean durante paseos al aire libre en los horarios en los que está permitido realizar actividades deportivas.

El decreto también establece otras prohibiciones en provincias que habían reducido con anterioridad las restricciones como la “práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes”.

En Argentina se han registrado más de 200.000 infectados y más de 3.600 fallecidos por el nuevo coronavirus.

Las autoridades nacionales y provinciales fueron ajustando en los últimos meses la intensidad de las medidas restrictivas según el nivel de circulación del virus en cada jurisdicción.