Fidel Alejandro Villegas Villegas, director de Seguridad Pública en el municipio de Janos, en el estado mexicano de Chihuahua, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el narcotráfico y la masacre de la familia LeBarón.

La detención de este jefe de la Policía, que se produjo el pasado martes, fue confirmada por el alcalde de Janos, Sebastian Efraín Pineda, durante una entrevista radiofónica.

Villegas, también conocido como ‘El Chiquilín‘, es el cuarto detenido por la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, en el estado de Sonora, donde fueron asesinados seis niños y tres mujeres por un comando armado.

Las investigaciones preliminares de las autoridades señalan que Villegas sería un elemento activo del cártel de La Línea, organización a la que el Gobierno mexicano ha señalado como posible perpetrador de la masacre contra la familia mormona.

Hasta el momento, la Fiscalía mexicana no ha emitido un comunicado oficial sobre la detención.

Detenidos y crisis binacional

Previo a la captura de Villegas, las autoridades mexicanas habían detenido a otros tres presuntos implicados en los asesinatos: los hermanos Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, así como una persona más identificada como Cipriano ‘N’.

«Está peligroso para nosotros mismos»: Familia LeBarón tras conocer detalles de la investigación sobre la masacre

El caso de la masacre de la familia LeBarón, quienes tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense, provocó una crisis diplomática entre México y EE.UU., luego de que medios y congresistas estadounidenses pidieran al presidente Donald Trump intervenir directamente con fuerzas armadas en territorio mexicano para contener la violencia de los cárteles mexicanos.

Una situación que escaló cuando el mandatario estadounidense reconoció que preparaba una iniciativa de ley para calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, lo que implicaría que el Gobierno de EE.UU. contase con mayores facultades, de acuerdo a su legislación interna, para intervenir en México en caso de que así lo considerase necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, esta posibilidad fue rechazada de manera tajante por parte del Gobierno de México y, finalmente, fue frenada por el propio Trump.