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Las vacunas siguen siendo la única forma de combatir a la pandemia de COVID-19 y su obtención también es un proceso complicado.

El ejecutivo Eduardo Menga cuida mucho de su salud. Durante la pandemia consultó a varios médicos para asegurarse de que tomaba todos los recaudos y trasladó a su familia de Río de Janeiro a una localidad del interior. Él trabaja desde allí, mientras que su esposa Bianca Rinaldi, quien es actriz, no trabaja desde marzo del año pasado.

Megan y Rinaldi son parte de una minoría de brasileños dispuestos a pagar por la vacuna contra el COVID-19 si una asociación de clínicas privadas logra concretar un acuerdo para la compra de 5 millones de dosis en el país más desigual de América Latina. El presidente Jair Bolsonaro, muy cuestionado por su manejo de la pandemia, dijo que no intervendría.

“Cuando voy a un restaurante y pago por mi comida, no le estoy sacando la comida a nadie”, dijo Menga, de 68 años, desde su casa en Jundial, en el estado de Sao Paulo. “No creo que al vacunarme en una clínica privada le saque la vacuna a alguien que está esperando la suya en el sistema público. Es una alternativa, y quienes tengan la oportunidad de usarla, deberían aprovecharla”.

En medio de una desordenada campaña estatal de vacunaciones, muchos brasileños adinerados buscan caminos alternativos para la vacuna, actitud muy cuestionada por algunos expertos en salud pública y que genera un debate en las redes sociales, editoriales y programas periodísticos.

En todo el mundo se temía que los más privilegiados tratarían de burlar las prioridades establecidas por las autoridades y de vacunarse sin esperar su turno. Quienes lo hicieron en Turquía, Marruecos y España, y resultaron pillados, fueron criticados, les iniciaron investigaciones o debieron renunciar.

En Brasil circularon versiones de gente que se salteaba la cola, con la particularidad de que a veces lo hacen abiertamente, mediante métodos aprobados por el gobierno, según Roberto DaMatta, profesor emérito de antropología de la Universidad de Nuestra Señora.

“La pandemia hace que la desigualdad de Brasil resulte más obvia todavía, porque el virus no hace distinción de clases, pero la cura sí puede hacerla”, expresó DaMatta, autor del libro “¿Sabes con quién hablas?”, acerca de los privilegiados del Brasil. Se basa en situaciones ocurridas durante la pandemia, incluida una en la que un juez se negó a usar un tapabocas, como le ordenaba un policía, llamó al jefe del aparato de seguridad estatal para quejarse y rompió la multa de 100 reales (unos 20 dólares).

“Los ricos de Brasil normalizaron la esclavitud por siglos. Ahora aceptan que más pobres y personas de raza negra mueran de COVID, sin presionar casi a un gobierno que saboteó la distribución (de vacunas). Conseguir la vacuna en estas circunstancias depende de la organización, y los ricos se están organizando”, declaró DaMatta a la Associated Press.

Empresarios y algunas autoridades justifican los esfuerzos por conseguir vacunas diciendo que apuntalarán la reactivación de la economía brasileña. Además, sostienen, ¿por qué los ricos no van a tratar de conseguir vacunas si la campaña del gobierno no funciona? Hasta ahora Brasil dispone de 13,9 millones de dosis disponibles para una población de 210 millones y le ha aplicado las dos dosis requeridas a solo el 1% de sus habitantes desde que comenzó la vacunación el 18 de enero.

Expertos en el campo de la salud afirman que no es ético ignorar los parámetros que fijan prioridades dado que las vacunas escasean y los grupos de alto riesgo las necesitan con más urgencia. Brasil registra 230.000 muertes por el COVID-19. Solo Estados Unidos tiene más decesos.

Si bien las personas mayores de 65 años, como Menga, están alto en la lista de prioritarias, el lento avance de las vacunaciones en Brasil (al paso que va, podría tomar 16 meses vacunar a todos) implica que puede pasar mucho tiempo antes de que reciba la vacuna. Y su esposa, de 46 años, tendría que esperar más todavía.

El debate en torno a la distribución de vacunas en Brasil estalló luego de que circulasen versiones de que empleados de la Corte Suprema habían apartado 7.000 dosis para ellos y sus familiares; el laboratorio del gobierno que producirá y distribuirá la vacuna AstraZeneca se negó a hacerlo, diciendo que no puede reservar vacunas de esa manera. Los fiscales estatales de Sao Paulo también trataron de ser incluidos entre los grupos prioritarios, junto con los profesionales del campo de la salud.

Al fallar esos esfuerzos, las clínicas privadas intentaron evitar los planes de distribución del gobierno. Ejecutivos de la asociación de clínicas privadas de Brasil negociaron directamente con el laboratorio indio Bharat Biotech para adquirir su vacuna COVAXIN. La asociación representa a unas 30.000 clínicas privadas y está aceptando inscripciones en una lista de espera.

No se firmó acuerdo alguno con Bharat por ahora y los reguladores brasileños todavía no han aprobado la vacuna COVAXIN, pero en un adelanto de lo que puede suceder si hay un acuerdo, la asociación de jueces del estado Río Grande do Sul preguntó a sus miembros el mes pasado si estarían interesados en comprar vacunas de la asociación de clínicas.

Gonzalo Vecina, quien dirigió el departamento de salud de Brasil de 1999 al 2003, dijo que esas iniciativas privadas representan un serio problema, no solo desde un punto de vista ético y legal, sino también de salud pública.

“Una red privada no tiene que seguir los protocolos del Ministerio de Salud en cuanto a prioridades. De modo que si esto prospera, habrá una lista de espera para quienes pueden pagar 200 dólares para vacunarse en una semana, y otra para los que no pueden hacerlo y deberán esperar meses”, explicó.

“Lo que tienen que entender la gente es que la pandemia no se termina si no se termina para todos”.

En la mayor parte del planeta la campaña de vacunación se hace a través de las redes del estado. Pocos países con grandes poblaciones están empleando canales privados de distribución. Una de las excepciones es Estados Unidos, donde la gente pude vacunarse en farmacias, clínicas y otras instituciones privadas. Hospitales de al menos ocho estados estadounidenses han sido acusados de favorecer a los miembros de sus juntas, a sus donantes y parientes.

El 6 de enero Bolsonaro dijo que había firmado una carta apoyando los esfuerzos de un grupo de ejecutivos que deseaban adquirir 33 millones de dosis de AstraZeneca. La mitad iban a ser donadas al sistema sanitario nacional y a la otra mitad podían darle el uso que quisiesen.

La prensa brasileña dijo que al menos 11 empresas participaban en ese grupo, incluidas la petrolera estatal Petrobras, la firma metalúrgica Gerdau y la telefónica Oi. Todas se negaron a hacer comentarios.

“Esto ayudaría mucho a la economía y a quienes quieren ser vacunados”, dijo Bolsonaro en alusión a esa iniciativa empresarial. El ministro de economía Paulo Guedes comentó que el esfuerzo era “obviamente muy bueno”.

En contraposición, un consejo de líderes empresariales de la vecina Colombia tropezó con obstáculos cuando pidió permiso para comprar vacunas contra el COVID-19. El ministro de salud colombiano dijo que se consideraría esa posibilidad solo en la segunda fase de la campaña de vacunaciones, cuando todos los profesionales del campo de la salud y las personas mayores de 60 años se hubiesen vacunado.

A pesar del respaldo de Bolsonaro, AstraZeneca desistió de vender la vacuna a los empresarios, diciendo en un comunicado que, al menos por ahora, no daría vacunas al sector privado. La federación industrial de Sao Paulo difundió un comunicado dos días después en el que afirmó que nunca entabló esas negociaciones.

El exgobernador del banco central de Brasil Arminio Fraga declaró que se opone a los esfuerzos de los ricos por conseguir vacunas y que temía que los precios de las vacunas subiesen si se permite que las compañías entren en la competencia.

“Hay escasez mundial”, dijo Fraga, socio en la firma inversora Gavea Investimentos, durante una entrevista virtual con el diario Valor. “Necesitamos que haya alguna coordinación para que se respeten los grupos prioritarios”.