«Bolsonaro no ofrece nada que no sean armas»: Experta brasileña habla sobre los decretos firmados por el presidente en medio de la pandemia
El descontrolado avance de la pandemia en Brasil no logró frenar al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en su determinación de flexibilizar la posesión y el porte de armas. Pero esta semana, el Supremo Tribunal Federal (STF) se ha encargado de hacerlo: una jueza vetó varios fragmentos de los últimos cuatro decretos sobre las armas firmados por el excapitán del Ejército en febrero, que debían entrar en vigor el martes. Y ordenó que los 11 jueces de la máxima corte los analicen en sesión plenaria, que ya comenzó este viernes.
«Este sentido de urgencia [con las armas] no lo tuvo [Bolsonaro] para buscar vacunas, mascarillas, oxígenos, médicos, empleo o alternativas para miles de estudiantes sin acceso a la enseñanza a distancia durante la pandemia», escribieron en una columna conjunta Michele dos Ramos, asesora del Instituto Igarapé y el abogado Felippe Angeli del Instituto Sou da Paz.
La decisión de la magistrada Rosa Weber ha sido aplaudida por los especialistas en seguridad pública, pero advierten de que el proyecto de Bolsonaro de «amar al pueblo» en nombre de la legítima defensa y de la mano dura contra el crimen sigue adelante.
«Quiero desbloquear el tema de las armas en Brasil. Quiero que tengan armas, porque un arma supone libertad para vosotros. Es la garantía de que entrarás en casa y le darás a tu familia el derecho a estar protegida. Siempre lo digo: las personas armadas son personas que no serán esclavizadas», comentó hace unos meses.
Desde que llegó al poder en 2019, Bolsonaro ha firmado más de 30 actos normativos para flexibilizar el acceso a las armas, varios de los cuales fueron obstaculizados por el Congreso. Un estudio de Sou da Paz e Igarapé calcula que el número de armas legales en poder de civiles ha pasado de 697.000 en 2018 a 1,15 millones en 2020.
El análisis de la decisión de la magistrada se realiza en la modalidad de plenario virtual, los jueces tienen de plazo hasta el próximo día 26 de abril para emitir su voto, y no está descartado que alguno de ellos pida aplazar el juicio. La magistrada anuló cambios introducidos por el mandatario en esos cuatro decretos, como el porte simultáneo de dos armas, en lugar de una; la práctica de tiro deportivo por parte de adolescentes a partir de los 14 años o la compra de munición por entidades y escuelas de tiro sin límite de cantidad.
Carolina Ricardo, directora ejecutiva de Sou da Paz, considera la medida de Weber «una conquista de la democracia brasileña». Ricardo conversó con RT sobre este tema, que inquieta a mucha gente en uno de los países más violentos del mundo.
RT: ¿Qué ha alcanzado Bolsonaro en este tiempo de mandato y cómo era la situación antes de que llegase al poder en enero de 2019?
C.R.: Antes de que Bolsonaro llegará al poder, en Brasil ya existía un proceso de flexibilización del acceso a las armas (…) pero era algo que caminaba despacio. El Estatuto de Desarme –que es la ley federal que reglamenta la política de control de armas– era más seguro y aún así ya veíamos un aumento de armas vendidas y en circulación. Cuando asumió el poder, se hicieron muchas flexibilizaciones. Ahora si una persona quiere comprar un arma como legítima defensa no hace falta que pruebe que tiene una necesidad, por ejemplo, que vive en un lugar lejano donde la Policía no llega. Antes sí que había que probar esto.
También han aumentado mucho las potencias de las armas. Hoy un ciudadano común puede tener la misma arma que la Policía, o sea que se está equiparando la fuerza, lo que fragiliza a las autoridades. Otro cambio importante es que al mismo tiempo que aumenta la cantidad de armas en circulación, Bolsonaro fragiliza las estructuras de control y fiscalización sobre ellas.
RT: ¿Por qué en medio de la pandemia, Bolsonaro firmó esos cuatro decretos? ¿Se trata de un intento de consolidar su base política?
C.R.: Su base política es la gente que defiende las armas, el grupo de los CACs [siglas que hacen referencia a los coleccionadores, tiradores deportivos y cazadores, un grupo con mucha influencia política] y diputados y senadores que son armamentistas. Bolsonaro no ofrece nada que no sea armas. Cuando faltan vacunas, ofrece armas; cuando no tenemos protección del medio ambiente, ofrece armas; cuando no tenemos política de seguridad pública, tenemos armas. Esa es la respuesta. Si hay algo en lo que tiene coherencia es en eso.
Y en medio de la pandemia, ¿por qué Bolsonaro firma esos decretos? Por un lado, porque no es capaz de coordinar una política para controlar la pandemia y, por otro, porque su base, donde está su área de confort y de seguridad, es la de los grupos armamentísticos. Él sigue promoviendo cambios en la ley para agradar y acercarse a esos grupos.
RT: Se habla de una tentativa de Bolsonaro de armar a «milicias bolsonaristas» si no gana las elecciones de 2022.
C.R.: Sí, me parece que hay un riesgo político con el tema de las armas. Hasta principios del año pasado, la justificación para la flexibilización tenía mucho que ver con la seguridad ciudadana, que la gente tenía derecho a tener armas en casa para proteger a su familia, porque la policía no puede protegerlos a todos, lo que tampoco es sostenible ni real. Las armas en casa no producen legítima defensa, sino más riesgo en la seguridad pública.
El año pasado, Bolsonaro dejó claro en una reunión ministerial que la gente debe poder armase para defenderse de algo político. Puso como ejemplo que si un alcalde decide implantar el confinamiento, el ciudadano que no quiere respetarlo tiene que tener un arma para poder defenderse de esas reglas, que para Bolsonaro son inadmisibles. Legitimó el uso político de las armas. Y desde lo que ocurrió en el Capitolio [el asalto el pasado 6 de enero por un grupo de simpatizantes del expresidente Donald Trump] me parece que sí, que Bolsonaro tiene ganas de que exista un grupo que esté dispuesto a luchar en el caso de que las elecciones de 2022 no salgan como él quiere.
No soy tan fatalista, pero creo que el riesgo existe. Es importante el hecho de que todo el tiempo dice que si Brasil no tiene urnas electrónicas no cree que la votación vaya a ser legítima. Me parece que ahí ya está planificando algo para deslegitimar los resultados de las elecciones y sí puede ser posible que su base armada lo defienda.
PR: ¿Cómo queda el Ejército en relación a la flexibilización de las armas?
C.R.: El Ejército es la organización responsable de fiscalizar parte importante de las armas, sobre todos las de los militares, policías militares y los CACs. Nos parece que antes el Ejército era un órgano con un foco muchos más técnico y ahora hay una politización mayor. La parte de control de armas está a cargo el Departamento de Productos Controlados, donde hay un perfil menos técnico y más político que presenta una tendencia de responder lo que quiere Bolsonaro.
Para dar un ejemplo, el año pasado fueron publicadas tres normas por el Ejército que mejoraban el sistema de rastreo de armas y municiones, lo que era importante. Al día siguiente, Bolsonaro se comprometió con su base y dijo que iba a mandar revocar esas normas y fueron revocadas. Hasta hoy estamos sin normas para reglamentar el sistema de rastreo de armas y municiones. Esto nos muestra un poco que el Ejército está más comprometido con cuestiones políticas que técnicas.
PR: ¿Cómo favorece la flexibilidad del acceso a las armas al crimen organizado?
C.R.: Está comprobado que las armas legales terminan abasteciendo el mercado ilegal, sea porque son robadas o hurtadas o desviadas de arsenales de coleccionistas, que terminan vendiéndose.
Además, no tenemos un sistema de rastreo de armas y municiones que permita investigar y comprender cuál ha sido la ruta del arma, dónde ha sido desviada, quién la ha comprado. Y hacer una investigación sobre el flujo ilegal del arma es importante para combatir el tráfico de drogas y demás. Al ser retirada la capacidad de fiscalización y rastreo de esas armas, se facilita el crimen organizado.
