El Gobierno de Bolivia avanza en las denuncias sobre una posible coordinación de líderes de la derecha en la región para apoyar con armas, de manera ilegal, al régimen de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó como presidenta después del golpe de Estado contra Evo Morales.

Hasta ahora, las acusaciones más concretas son en contra de los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Ecuador, Lenín Moreno, pero las autoridades bolivianas también investigan el papel que desempeñaron los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera, y Brasil, Jair Bolsonaro.

El común denominador es que los cuatro avalaron a Áñez después de su autoproclamación y jamás reconocieron que en Bolivia hubo un golpe de Estado porque Morales fue forzado a dimitir bajo presión de las fuerzas de seguridad y los militares, lo que inclusive puso en riesgo su vida.

Ahora, la sospecha es que el respaldo no solo fue político, sino que enviaron material represivo como granadas, gases lacrimógenos y municiones.

«El golpe de Estado contó con un decidido apoyo internacional de varios gobiernos y de ONG norteamericanas disfrazadas de plataformas y de suministro de armamento y munición para la represión, como es el caso de los anteriores gobiernos de Ecuador y Argentina», afirmó la víspera el presidente Luis Arce, quien confió que en los próximos meses se sabrá la verdad.

«Los bolivianos no solo enfrentamos una interrupción de la democracia por golpistas a nivel nacional, sino que fue todo un plan continental, en nuestro criterio, porque (además de Argentina) también están las revelaciones de la participación de Ecuador. Estamos haciendo las investigaciones de la participación de otros países. Estamos seguros de que en las próximas semanas va a salir a la luz cada uno de estos hechos», agregó por su parte el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

Al ser cuestionado por el caso de Chile y Brasil, el funcionario explicó que «es probable» que estén involucrados «en este plan macabro, antidemocrático, golpista, y eso se va a ir demostrando a través de las investigaciones».

Ecuador

El mes pasado, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, reveló que el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno le envió a Áñez más de 5.000 granadas y 3.000 municiones de guerra, supuestamente en calidad de «préstamo».

La información fue obtenida a través de declaraciones de exfuncionarios del gabinete de la expresidenta de facto en el marco de una causa en la que su exministro de Gobierno, Arturo Murillo, ya fue detenido en EE.UU. acusado de la compra con sobreprecios de gases lacrimógenos.

Del Castillo precisó que el principal responsable de la operación fue el exdirector Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, quien a su vez jerárquicamente estaba subordinado al comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

Por este caso, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán denunció penalmente a Moreno y a su exministra de Gobierno, María Paula Romo, ya que la entrega del material se realizó de manera irregular en noviembre de 2019, justo cuando ocurrió el golpe y las masacres de Sacaba y Senkata, en las que fallecieron 27 civiles a manos de las fuerzas de seguridad.

«Vamos a esperar que Fiscalía en sus investigaciones vaya determinando exactamente cuáles son las diferentes posibilidades de tipos penales que se plantean aquí, pero definitivamente nos parece increíblemente grave para el país no estar investigando esto desde ya», señaló el asambleísta.

Además de la causas que ya están en curso del Gobierno boliviano, los congresos de este país y de Ecuador ya iniciaron sus propias indagatorias para determinar el mecanismo que siguieron ambos países para que el material llegara a Bolivia en respaldo a un régimen que no fue elegido democráticamente y que reprimió violentamente a la población.

Argentina

La semana pasada, el Gobierno boliviano desató un escándalo internacional al acusar a Macri de haber enviado material bélico a Áñez pocos días antes de las masacres de Sacaba y Senkata.

Como prueba, el canciller Rogelio Mayta presentó una carta en la que el comandante Jorge González Terceros Lara le agradece al entonces embajador argentino Normando Álvarez García «la colaboración prestada» a esta institución armada, «en el marco del apoyo internacional» entre ambos países, «debido a la situación conflictiva que vive Bolivia».

La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe, y reporta el envío de material bélico consistente en cartuchos, gases lacrimógenos y granadas. La duda que se abre es por qué, si el cargamento era supuestamente para custodiar la Embajada argentina, lo agradecen los militares bolivianos.

A pesar de que Macri ha desmentido las imputaciones, ya se demostró la veracidad de la carta que dio origen a la denuncia del Gobierno boliviano.

Además, después de los deslindes y versiones contradictorias del expresidente y de sus exministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Oscar Aguad, también ya se confirmó que, efectivamente el 13 de noviembre de 2019 llegó al aeropuerto de El Alto un avión militar argentino en el que viajó un equipo de élite de la Gendarmería argentina, conocido como Grupo Alacrán, y que era el que llevaba el material bélico.

La Justicia argentina imputa a Macri y a dos de sus exministros por el presunto envío de armas a Bolivia tras el golpe a Evo Morales

Una semana después de que se revelara el caso, se mantienen las inconsistencias sobre las armas que se mandaron, ya que las cifras de los documentos oficiales no coinciden, por lo que se sospecha que hay un remanente que no se reportó, es decir, que se tráfico de manera ilegal, y fue entregado al Gobierno de Áñez.

Por ello, el pasado lunes el Gobierno argentino interpuso una denuncia en contra de Macri y varios de sus exministros, a quienes imputa los presuntos delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

La causa tuvo un avance sustancial este viernes, ya que el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, Bullrich y Aguad, por lo que serán llamados a declarar en las próximas semanas.

También quedaron bajo investigación judicial el exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.

Cecilia González