Biden firma un presupuesto militar récord que supera la solicitud del Ejército, pero lo critica por sus cláusulas restrictivas
El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado este lunes la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que establece los gastos de Washington en defensa para el próximo año fiscal.
La ley fue aprobada este diciembre por el Senado con 89 votos a favor y 10 en contra, y por el Congreso, donde fue apoyada por 363 diputados frente a 70.
El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa, tanto del Pentágono como de otros departamentos —como el programa nuclear supervisado por el Departamento de Energía— 768.000 millones de dólares. Esta suma supera el mayor gasto militar anterior, que fueron los 740.000 millones aprobados para 2021 durante la presidencia de Donald Trump. En realidad, es incluso superior a los 752.900 millones que había solicitado el Pentágono.
La ley prevé un aumento del 2,7 % en los salarios de las tropas, así como más compras de aviones y barcos de las planeadas por el Departamento de Defensa. Asimismo, incluye considerables gastos relacionados con Rusia y China.
Por una parte se prevé la destinación de 4.000 millones de dólares a la Iniciativa Europea de Disuasión, ideada para contener las supuestas amenazas de Rusia en Europa, así como la concesión de 300 millones a los militares ucranianos y 150 millones a la cooperación militar en el Báltico.
En cuanto a contrarrestar a China, la Iniciativa Pacífica de Disuasión recibirá 7.100 millones de dólares. La ley también prohíbe al Pentágono usar productos supuestamente fabricados por mano de obra forzada en la región china de Xinjiang y reafirma el apoyo del Congreso a la defensa de Taiwán.
«La Ley brinda beneficios vitales y mejora el acceso a la justicia para el personal militar y sus familias, e incluye autoridades críticas para apoyar la defensa nacional de nuestro país», señaló Biden en un comunicado al respecto. Sin embargo, indicó que en varios aspectos no está satisfecho con la texto.
Críticas de Biden
En particular, el mandatario se quejó de que la ley no le permite cerrar el centro de detención de Guantánamo.
«Lamentablemente, […] sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros y […] prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a menos que se cumplan determinadas condiciones», declaró el mandatario.
«En algunas circunstancias, estas disposiciones podrían dificultar el cumplimiento de la sentencia definitiva de un tribunal que ha ordenado la liberación de un detenido mediante un recurso de ‘habeas corpus'», advirtió, pidiendo al Congreso que elimine estas restricciones «lo antes posible».
Entre las cláusulas criticadas por Biden está también la obligación de presentar a los diputados del Congreso informes sobre los equipos militares perdidos por EE.UU. durante su retirada de Afganistán. «Contendrán información clasificada, incluida información que podría revelar fuentes de inteligencia críticas o planes operativos militares», indicó el mandatario, afirmando que la Constitución le da suficiente poder para «evitar la divulgación de información tan sensible a fin de cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad nacional».
Asimismo, Biden se opone a varias otras disposiciones de la legislación, como la confirmación de los miembros del grupo de trabajo de la optimización de la logística y la quema de residuos al aire libre. Al mismo tiempo, reconoce que «no le corresponde solo al presidente determinar todo el contenido de la política exterior de la nación», pero asegura que no tratará las cláusulas al respecto como una limitación de su «discrecionalidad constitucional para articular los puntos de vista de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros».
