Como una estrategia para generar terror califica el concejal Bernardo Abad a las manifestaciones contra la liberación del precio de los combustibles ocurridas en Quito. Con camisa blanca, pantalones beige y una mochila negra que encarga momentáneamente a su colaborador, se apoya sobre unos tubos despintados del parque La Carolina y habla con EL TELÉGRAFO sobre la forma en que la capital enfrentó el caos de los 11 días de protestas.

Dijo que hubo inacción por parte de las autoridades municipales, ¿en qué casos, por ejemplo?

No se veía presencia municipal y se suspendieron una serie de actividades. Cuando empezaron a desaparecer los buses, debió actuar una secretaría y sancionar. Desaparecieron los policías metropolitanos y los agentes metropolitanos de tránsito. Pregunté y me indicaron que sí estaban patrullando, pero de civiles, cuando el uniforme es lo que demuestra que uno es autoridad.

El Secretario de Seguridad se había ido a un curso en Costa Rica. Se notaba que había un estado de indefensión en la ciudad. El tema de la basura fue terrible porque los grupos vandálicos utilizaron incluso los contenedores para cubrirse, para bloquear las calles. Vehículos de Emaseo fueron retenidos, hubo personal agredido. Eso fue incontrolable. El problema con la basura era imposible. No hubo más que guardar la flota. No se podía arriesgar la integridad de los funcionarios municipales.

¿Cuál debió ser la acción específica de los agentes metropolitanos de control (expolicía municipal)?

No es función del agente metropolitano ir a controlar la manifestación, pero sí la competencia de la seguridad integral. Eso dice el Código de Seguridad. Debemos coadyuvar y coordinar con los entes nacionales cómo llevar adelante la seguridad integral de la ciudadanía.

Nadie les dispuso que entren a “frentear” a los manifestantes, pero la ciudad es grande y en sitios había la posibilidad de controlar sin que se afecte su integridad. Recordemos que ellos no tienen la capacidad de utilizar armas; sin embargo, debieron controlar el espacio público en sectores donde no había riesgo; igual los agentes metropolitanos de tránsito.

¿No puede considerarse que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, actuó con prudencia?

No quiero calificar la actuación del Alcalde. El quiteño es el que debe hacerlo y eso que quede para la historia y para la evaluación de los quiteños.

¿El Alcalde debió convocar a la ciudadanía a algún tipo de manifestación como ocurrió en Guayaquil?

El Alcalde ha expuesto las razones por las que no lo hizo.

¿En qué consiste la convocatoria ciudadana que ha anunciado?

Es el inicio de una gran minga ciudadana que partirá (hoy) a las 09:00 desde el Arco de la Circasiana (av. Patria y Amazonas) hacia el Centro Histórico por la 6 de Diciembre y por la calle Guayaquil. Limpiaremos las vías, las paredes y arreglaremos lo que se pueda. Cuarenta empresas constructoras se encargarán de ciertas casas y bienes patrimoniales, decenas de empresas proveedoras de materiales ayudarán con pintura, cemento, etc.; grupos de profesionales en otras áreas también aportarán.

Tenemos el apoyo, pero en un día es imposible. Estarán abiertos locales comerciales y restaurantes que implementarán algo que se llama el “cucayo”; es decir, por $ 5 van a ofrecer combos de alimentos con bebida. Los museos estarán abiertos, al mediodía repicarán los campanarios y habrá una misa en la Catedral Metropolitana.

¿Cuál debe ser el papel del Municipio en el tema de reconstrucción tomando en cuenta su presupuesto limitado?

El Municipio tiene que dar la parte técnica. La empresa privada ayudará con materiales, pinturas, etc., incluso económicamente. Tenemos anuncios de que constructores y empresas ayudarían al reordenamiento, la restauración de los bienes dañados; eso ya se está coordinando con empresarios, pero aún no sabemos cuál es el monto del daño. En total sumaría más de $ 3 millones.

¿Por qué señaló que tras las protestas hubo una estrategia para sembrar terror?

Porque estando en la sala de crisis del ECU-911 se notaba que eso era una estrategia concertada para generar terror, anarquía. Tan solo el sábado 12 de octubre hubo decenas de puntos donde bloqueaban vías; al mismo tiempo atacaban Teleamazonas, incendiaban la Contraloría.

Hordas de maleantes recorrían la ciudad en camionetas, se bajaban en sitios y atacaban, a la Policía, a los ciudadanos. Bloquearon los mercados, intentaron tomarse las subestaciones de energía eléctrica y las cuatro plantas potabilizadoras de agua. En un momento dado desbordaron a las fuerzas del orden. La Democracia estuvo en peligro.

¿Quiénes estuvieron detrás?

No lo sé. Puedo sospechar. Es hora de que las autoridades judiciales hagan su trabajo y determinen quiénes son los autores materiales e intelectuales de este intento de desestabilización.

Las autoridades han detenido a algunos de ellos; otros se han puesto a buen recaudo, sin que siquiera tengan orden de detención. Hay dos prefectos detenidos, hay asambleístas detenidos, hay acusaciones de la Policía, hay órdenes de prisión. Todos los dedos señalan a Bélgica.

Pidió al Alcalde que se produzca una crisis de gabinete municipal y Pablo Dávalos ya salió del equipo. ¿Tiene en mente otros funcionarios que considera actuaron con negligencia voluntaria o involuntariamente?

Pablo Dávalos debió ser separado —según anunció el Alcalde de Quito— antes de que se genere esa crisis de gabinete. Ese es un “picoteo” entre el Alcalde y Pablo Dávalos. Pedí que genere una crisis de gabinete para que se evalúe su desempeño sobre todo en las manifestaciones y que se analice su vinculación con partidos o personas que podrían haber estado detrás de estas protestas.

¿Se debería contar con un plan municipal para afrontar este tipo de situaciones?

Sí y eso es lo que se debe empezar a trabajar. Un plan de organización y defensa, pero el plan comienza con la reconciliación.

¿Qué debería contener ese plan?

Una serie de cosas, sobre todo que la ciudad vuelva a cohesionarse socialmente.

El valor de los pasajes subió y bajó en pocos días por la coyuntura. ¿Cuánto conoce el Concejo del plan de mejoramiento de la calidad del transporte que permitiría un alza definitiva de la tarifa?

Nos tocará a nosotros (Municipio) solucionar el problema. Hay un proyecto de ordenanza por el cual la idea sería mejorar la calidad del transporte con parámetros muy claros y en base a eso pensar en incrementar los pasajes.

Solo si se cumplen parámetros de calidad, firmar contratos de operación con los transportistas en los que claramente esté definido que si se incumplen estos indicadores se puede revocar su contrato de operación. Pero la ordenanza todavía tiene que llegar del ente técnico, que es la Secretaría de Movilidad.

¿Qué parámetros se deberían evaluar?

Calidad, servicio, incluso un parámetro importante sería la electromovilidad; si logramos cambiar los buses para pasar a una movilidad eléctrica, que no contamina, es limpia, es más cómoda.

Si se produjera un ajuste al precio de los combustibles, ¿debe ajustarse, también, la tarifa de taxis —a su juicio—?

Tendremos que ver porque aún no sabemos en qué términos saldrá el decreto y no quisiera adelantarme. (I)