Más de 4.000 policías desalojaron violentamente esta madrugada un predio privado ubicado en el partido de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, que había sido tomado el pasado 20 de julio por alrededor de 4.000 personas que no tienen dónde vivir.

La desproporción del operativo, que prácticamente implicó un policía por cada ocupante, el uso de balas de gomas y gases lacrimógenos, así como el derribo y quema de precarias casillas armadas con palos en donde vivían mujeres, niñas y niños de escasos recursos, provocó críticas inmediatas al gobernador peronista Axel Kicillof.

Los cuestionamientos también se centraron en su ministro de Seguridad, Sergio Berni, un controvertido político que se ha convertido en un personaje mediático por realizar spots de promoción de su imagen y realizar operativos cinematográficos, y cuyo discurso a favor de la «mano dura» suele contradecir la defensa de los derechos humanos proclamada por Kicillof y por el presidente Alberto Fernández.

Berni encabezó durante la madrugada el operativo que fue ordenado por el juez Martín Miguel Rizzo, después de que el gobierno provincial y las familias no llegaran a un acuerdo para que salieran pacíficamente de los terrenos a pesar de meses de negociación y de que la víspera Kicillof les ofreciera subsidios especiales.

Las corridas, el estallido de las balas de goma, las denuncias, gritos y llantos de los ocupantes fueron una constante durante las más de dos horas que duró un desalojo que generó un clima de tensión que continuó después, en los alrededores del predio, con represiones de los policías a algunos de los desalojados y militantes que fueron a apoyarlos y que se defendieron con piedras y palos.

Juan Cruz Condomí Alcorta, el fiscal que lideró el desalojo, fue criticado por sacarse y publicar «selfies» mientras se destruían las casillas, aunque luego se justificó diciendo que solo estaba documentando los hechos.

Desazón

«¿Qué corazón tienen para sacarnos así?«, «Estaba viviendo acá con mi señora que está embarazada de ocho meses y mi hijo de un año, los policías no nos dieron tiempo para desalojar, tiraron balas y tuvimos que correr«, fueron algunos de los testimonios de las personas desalojadas, muchas de las cuales no tienen a dónde ir.

Por otra parte, la Policía confirmó que fueron detenidas 35 personas, lo que desató una serie de movilizaciones de partidos y organizaciones que exigen su inmediata libertad. El gobierno provincial, en tanto, aseguró que solo había un herido. La tensión, sin embargo, sigue latente, ya que cientos de efectivos se quedaron a custodiar los terrenos para evitar que vuelvan a ser ocupados.

El operativo representó el fracaso de negociaciones que la víspera tuvieron un punto crucial, cuando Kicillof dio a conocer un decreto por el que ofrecía a los ocupantes retirarse voluntaria y pacíficamente a cambio de entregarles un subsidio de 50.000 pesos (alrededor de 600 dólares) para ampliar viviendas o de 15.000 pesos mensuales (187 dólares) para alquilar mientras el gobierno construía viviendas de interés social.

«Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional», afirmó el decreto que ofrecía los subsidios durante tres meses con una sola posibilidad de prorrogarlos por tres meses más.

Horas más tarde, sin embargo, vino el violento operativo de desalojo.

La toma

Las más de 4.000 personas llegaron al predio el pasado 20 de julio y de inmediato comenzó un proceso judicial por el reclamo de desocupación realizado por los dueños de los terrenos. El 31 de julio, el juez ordenó un primer desalojo que finalmente no se llevó a cabo porque los abogados defensores de los ocupantes apelaron la decisión.

Los meses fueron pasando sin que el gobierno llegara a un arreglo con los ocupantes, quienes construyeron casas de cartón, maderas y todo tipo de materiales endebles.

El Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), dos reconocidas organizaciones de derechos humanos con prestigio internacional, denunciaron que las negociaciones entre las familias y el gobierno iban por buen camino y se vieron interrumpidas por la decisión del fiscal que promovió el desalojo, ya que ello erosionó todo intento de acuerdo.

«Desde el 1 de octubre hasta la fecha, se fijaron algunos elementos comunes para encontrar una alternativa a un desalojo forzado y violento, con intervención policial. En definitiva, se buscó evitar tal desenlace», aseguraron en una carta dirigida al juez.

«Al finalizar la jornada del 27 de octubre, y el día de ayer, 28 de octubre de 2020, las partes se encontraban realizando distintos ajustes sensibles a las propuestas de salida pacífica acordada. Estos ajustes tenían que ver, por ejemplo, con la conformación de los anexos finales, la identificación de las familias, la certificación de las asambleas de los acuerdos alcanzados, entre otras cuestiones», agregaron.

En ese contexto, denunciaron, el fiscal consideró que los plazos estaban agotados, sin tomar en cuenta que la la asamblea de familias había votado a favor de la propuesta del gobierno provincial en torno a desocupar, recibir subsidios y esperar la construcción de viviendas que les serían otorgadas.

«Podrá entender Usted que la relocalización de colectiva y masiva de más de mil familias requiere la necesidad de planificar el desplazamiento físico, coordinado (…) por todos estos motivos, en función del estado de cosas y la necesidad de asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales le solicitamos que suspenda el desalojo y garantice las condiciones para que los próximos días se pueda concretar el mecanismo de relocalización», le pidieron al juez, quien se opuso y finalmente ordenó el desalojo.

Cecilia González