El reciente asesinato de María Dorfenis López Cordón, registrado en el municipio El Castillo, departamento del Meta, se convirtió en el homicidio número 1.229 contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016.

Además, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que contabiliza las víctimas de la violencia armada en ese país suramericano, el caso de López Cordón se traduce en el asesinato 114 del presente año.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), organización que también es defensora de derechos humanos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto social y armado colombiano, denunció, en un comunicado, que en el municipio El Castillo —donde operan varios grupos irregulares armados— se han ejecutado varios hechos violentos contra líderes sociales.

La CCNPB detalla que López Cordón y su esposo, Rigoberto Cabanzo Arévalo, fueron atacados por hombres armados el pasado domingo cuando se desplazaban por el puente sobre el río Yamanes. Los sicarios interceptaron a la pareja y dispararon, López, de 38 años, murió en el acto y su esposo quedó herido.

La pareja pertenece a la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Lindo, en la que Rigoberto ocupa el cargo de vicepresidente; y también al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim).

Debido a la situación, la CCNPB advirtió a las autoridades colombianas y al Gobierno de Iván Duque que deben garantizar «de forma integral los derechos fundamentales y el derecho a la vida; así como a desarmar y perseguir a los grupos armados ilegales que existan o se estén organizando en la zona».