Con 73 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual observa la «cuestionable» conducta de la legisladora Sofía Espín (Revolución Ciudadana), por la visita que hiciera en la cárcel a la exagente de Inteligencia Diana F., procesada por el caso Balda.

En la continuación de la sesión 539 también se registraron28 votos negativos y 13 abstenciones. De estas últimas constan la de Esteban Albornoz, José Serrano, Vivian Bonilla, Karla Cadena, Silvia Salgado, entre otros.

El legislador Juan Lloret, a nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana, expresó su solidaridad con Espín. «Sofía no ha contravenido ninguna de las leyes del Ecuador (…), con esta resolución se la está prejuzgando».

Mientras que Ximena Peña compartió que se realice la debida investigación, apegada a las disposiciones de la Ley de la Función Legislativa.

María José Carrión se mostró segura de que la Asamblea Nacional garantizará el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.

La resolución, aprobada este jueves 4 de octubre por el pleno, dispone también la comparecencia de Paúl Granda, ministro encargado de Justicia, ante la comisión multipartidista que analizará el caso.

También dice que la visita que hizo Espín, en compañía de la abogada Yadira Cadena, que representa a una de las partes en el proceso penal en investigación, deja «una tela de sospecha que afecta la imagen de una Asamblea Nacional respetuosa de la independencia de funciones».

El miércoles, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Bernal (CREO), por la presunta incompatibilidad de funciones de Espín.

El CAL adoptó esa decisión para esclarecer las circunstancias de la visita que Espín realizó el pasado 24 de septiembre a la cárcel, donde cumple prisión preventiva la exagente Diana F. por el caso del secuestro al exasambleísta Fernando Balda, donde también es indagado el expresidente Rafael Correa.

Ayer, el ministro (e) de Justicia reveló que la exagente Diana F. fue amenazada por otra privada de la libertad en la cárcel donde se encuentra recluida.

También mostró un videoque supuestamente comprueba que Espín no se registra ni entrega documento alguno para obtener pase de autorización al Centro de Rehabilitación Social.

El legislador Bernal, quien impulsó la resolución, señaló que «no se está imputando un delito, sino que se ha pedido una investigación» a Espín por incompatibilidad de funciones.

Indicó que le llamó «profundamente la atención», porque hay legisladores de Alianza PAIS «que todavía piensan que tienen que mantener en la impunidad hechos lamentables como los que estamos tratando». Lo dijo en referencia a las abstenciones registradas en la votación.

En tanto, Espín reiteró que no ha cometido ninguna ilegalidad y que «como asambleísta puedo fiscalizar y tenía todo el derecho de solidarizarme con ella (Diana F.) y defender sus derechos humanos. No me van a amilanar«.

Informó que pedirá ser recibida por el CAL, «porque el procedimiento no se ha completado, pues no hay denuncia juramentada, apenas un reconocimiento de firmas». (I)