El Pleno de la Asamblea Nacional destituyó la madrugada de este sábado a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a autoridades de varias instituciones estatales.

Tras nueve horas de sesión y con 85 votos afirmativos, el pleno del Parlamento censuró y destituyó a Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, «por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial», señaló en un comunicado.

Con 85 votos afirmativos el #PlenoLegislativo censura y destituye a los consejeros del @CpccsEc: @HernanUlloa, @mrivadeneirac, @IbethEstupinan y @BravoManabita, por incumplimiento de funciones constitucionales y legales.#JuicioPolíticopic.twitter.com/79bh6vxM8p

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 19, 2022

Resolución

La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura y destitución de los referidos consejeros y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el plazo de dos años, como lo estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en concordancia con la Ley Orgánica de Servicio Público.

También se notificará a los funcionarios censurados, así como a las máximas autoridades de las funciones Ejecutiva, Judicial, Electoral, a los consejeros que integran el pleno del CPCCS y a todas las instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social, a la Fiscalía y Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control.

En el debate intervinieron 18 asambleístas, quienes hicieron énfasis en la necesidad de ejercer la facultad fiscalizadora de la Asamblea y sancionar con la censura y destitución a los consejeros «que incumplieron funciones y que actuaron fuera de la norma legal, para favorecer intereses ajenos a las demandas del pueblo ecuatoriano», relata la Asamblea.

A la vez, -agrega- «invocaron a no tener miedo de las amenazas, ni de las acciones de protección, porque la fiscalización es una facultad privativa de la Asamblea».

El legislador Virgilio Saquicela, anotó que este juicio político no solo es un imperativo constitucional y legal, sino, sobre todo, un imperativo moral de fiscalizar.

Invocó al diálogo con las demás funciones del Estado para dar respuesta a las demandas del país, entre ellas, la seguridad, el empleo y la seguridad social.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas en febrero próximo para designar a las autoridades locales, como alcaldes y prefectos, entre otros, y también para elegir a los siete nuevos integrantes del CPCCS.

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