El expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, quien fue su principal colaboradora, enfrentan desde este lunes el inicio del juicio oral por la presunta financiación irregular por parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, y del Gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Así, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que el primer juicio oral en el país contra un expresidente por el caso conocido como Lava Jato, que involucra a Odebrecht, empiece a las 9:00 (hora local) y de forma virtual.

La investigación se produjo al darse a conocer que la firma constructora habría dado dinero a Gobiernos de América Latina a cambio de importantes contratos de construcción. En Perú, la compañía reconoció, a través del exdirectivo Jorge Barata, haber sobornado a funcionarios para adjudicarse licitaciones.

El exmandatario peruano niega todas las acusaciones. En noviembre del año pasado, el abogado Wilfredo Pedraza aseveró que el pase a juicio oral no respondía «a ninguna carga probatoria adicional», sino que es el cierre de una «etapa intermedia» donde tanto la Fiscalía como los defensores valoran los elementos del caso.

Una investigación de siete años

Esta acusación puntual por lavado de activos, producida a siete años de iniciarse la investigación, se corresponde a la recaudación de fondos para las campañas electorales del 2006 y 2011.

Según la Fiscalía, en 2006 el dinero habría provenido de Venezuela, mientras que en 2011 la constructora brasileña habría entregado tres millones de dólares al entorno de Humala, a pedido del Partido de los Trabajadores (PT), dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Y es que el polémico caso de Odebrecht ha tocado a la clase política de la región y uno de las evidencias más emblemáticas ocurrió en Brasil, donde Lula estuvo preso por un año y siete meses, acusado por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la ‘Lava Jato’.

No obstante, Lula fue liberado en 2019 por un fallo del Supremo Tribunal Federal que, siguiendo el principio constitucional de presunción de inocencia, decidió revocar la ejecución de la pena después de una condena en segunda instancia.

Al momento de su liberación, el político brasileño afirmó: «Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores», afirmó. «No encarcelaron a un hombre, ellos intentaron matar una idea. Una idea no desaparece», sentenció.

Ahora, en Perú, el fiscal anticorrupción Germán Juárez intentará probar que los involucrados sabían que el origen del dinero no era legal, porque al momento de los hechos adulterar las cuentas de la campaña era una falta administrativa y no un delito penal.

Venezuela, por su parte, ha rebatido la veracidad de las acusaciones. Ya en 2016, la Embajada de Caracas en Lima calificó de «temeraria invención» la afirmación del fiscal Juárez, que presentó como «prueba» una supuesta carta de Chávez entregada por un testigo al Ministerio Público.

«Esta insólita carta adolece de las más elementales reglas de ortografía, sindéresis y coherencia interna del texto; cuestiones que son impensables que cometiera Hugo Chávez», apuntó un comunicado de la Embajada venezolana en Lima sobre la misiva que, supuestamente, habría sido enviada a Humala en 2006 por el fallecido expresidente venezolano.

Los abogados defensores también han negado que haya vinculación alguna de Venezuela con la supuesta financiación para la campaña electoral de Humala en 2006. Sin embargo, quien alegó tener sospecha de la presunta existencia de unas «valijas diplomáticas» procedentes de Caracas con dinero fue el entonces presidente electo de Perú, el conservador Pedro Pablo Kuczynski, quien dejó en 2018 el cargo tras un escándalo de corrupción y compra de votos.

Piden la cárcel para todos los acusados

Juárez pidió 20 años de cárcel para Humala y 26 para Heredia, por no declarar las donaciones millonarias. Incluso planteó la disolución del Partido Nacionalista Peruano.

En este nuevo juicio oral, también se juzgarán a otras 11 personas, incluyendo a la madre, un hermano y una amiga de Nadine Heredia. Entre los implicados figura el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña de Humala, capturado en la selva boliviana luego de fugarse al ser acusado de corrupción y espionaje contra adversarios políticos en el departamento de Áncash. Sobre todos ellos, el fiscal pide la prisión.

La Fiscalía peruana presenta los testimonios que revelan la ruta del dinero entregado por Odebrecht a Keiko Fujimori

Además de Humala, otros exmandatarios están siendo investigados: Alejandro Toledo (2001-2006), quien podría ser extraditado de EE.UU., y Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria. Alan García (2006-2011) tenía una orden de detención, pero cuando las autoridades se disponían a aprehenderlo en su vivienda de Lima, en 2019, se suicidó.

De forma reciente, el Ministerio Público expuso la posible ruta del dinero entregado por Odebrecht al partido Fuerza Popular (FP), para impulsar la candidatura de la derechista Keiko Fujimori en el 2011.

La última semana, Humala también fue incorporado en la investigación del caso conocido como Gasoducto Sur, a disposición de otra fiscal del equipo especial para el Lava Jato: Geovanna Mori. Los delitos indicados son asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

Esta no es la primera vez que Humala se ve involucrado en un posible caso de lavado de activos. Antes ya había sido denunciado por el fiscal Ricardo Rojas, aunque en octubre el expresidente señaló que ese delito «nunca existió y se armó ilegalmente». Ese mismo año, Rojas fue allanado por tener presuntos nexos con grupos criminales de la zona Lima Sur.

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