La decisión del presidente argentino Alberto Fernández de suspender la exportación de carnes durante un mes desató un clima de tensión social en el país y abrió la puerta a un nuevo conflicto con las patronales agropecuarias, que ya anunciaron que iniciarán un cese nacional de comercialización de este alimento a partir de mañana, que durará por lo menos durante ocho días, y que puede generar un desabastecimiento interno.

El anuncio presidencial, que todavía no entra en vigor, impactó de lleno en un mercado que emplea a 100.000 trabajadores y que, al no operar durante un mes, registraría pérdidas de alrededor de 250 millones de dólares, además de que podría implicar que los principales compradores de la carne argentina (China, Israel y Chile) elijan a otros proveedores que desplazarían a Argentina, como Brasil, Uruguay y Paraguay.

La carne es un producto que forma parte de la identidad del país suramericano, que es internacionalmente famoso por la calidad de su carne vacuna y que tiene en este alimento una larga tradición cultural, ya que es el primer consumidor y el cuarto exportador a nivel mundial.

Según las explicaciones que dio el Gobierno, el cese de la exportación busca ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior.

«El presidente de la Nación expresó su preocupación por el crecimiento sostenido en los últimos meses en el precio de la carne vacuna en el mercado interno», señaló un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo, al referirse a la incesante e incontrolable inflación que padece Argentina y que afecta especialmente el rubro de alimentos, en un momento en el que la pobreza sigue en aumento como resultado de la crisis económica y de la pandemia.

En el caso de la carne, el precio del kilo aumentó un 66 % en el último año, aunque los cortes de consumo cotidiano, como el popular asado, se incrementaron hasta en un 81 %. Si se toma como referencia el año 2015, el aumento supera el 200 %.

El alza de la carne también supera a la inflación, que entre abril del año pasado y ahora fue del 43,6 %, lo que para el Gobierno ejemplifica claramente la distorsión que hay en los precios.

Razones

Después de conocerse la medida, que de inmediato fue rechazada por las organizaciones del agro, el presidente explicó que el precio de la carne no puede seguir aumentado sin ningún motivo y confió en que su decisión pondrá orden en el mercado interno.

«Les expliqué a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación. Ellos entienden el problema pero no les gusta la solución, pero les pedí que ayuden a poner en orden el mercado interno para luego volver a abrir (…) No es verdad que la apertura y la libertad favorece a los mercados, favorece a los más poderosos», advirtió Fernández.

También precisó que el 75 % de la carne que se exporta es comprada por China y que el drástico aumento de los precios internacionales registrado en las últimas semanas fue aprovechado para incrementar los precios internos sin ninguna lógica, ya que en Argentina el consumo de carne se ha reducido y, por lo tanto, no aplica la ley de la oferta y la demanda.

En la última década, el consumo per cápita anual de carne vacuna en Argentina se redujo de 69 a 50 kilos y sigue una tendencia a la baja debido, en parte, a la falta de poder adquisitivo (la pobreza ya alcanza al 42 % de la población), pero también por el éxito de las campañas de los movimientos vegetarianos y veganos.

La reacción de la Mesa de Enlace, que agrupa a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) fue inmediata y radical, ya que organizaron un paro que implicará el cese de comercialización de carne pero en el mercado interno.

El malestar social que puede provocar el desabastecimiento de este alimento es más que previsible.

Déjà vu

Cada vez que hay un enfrentamiento con el Gobierno, la Mesa de Enlace recuerda el conflicto de 2008, ya que ese año las patronales agropecuarias se resistieron a pagar un controvertido aumento de retenciones a la exportación de granos, decretado en la resolución 125, lo que desató la primera gran crisis política contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al final, las patronales ganaron y el impuesto nunca entró en vigor.

Desde entonces, este conglomerado se mantiene en guardia contra los gobiernos peronistas y, ante cada decisión que consideran que las afecta, amenazan con paros, bloqueos en carreteras, protestas masivas, movilizaciones y desabastecimiento de alimentos.

El martes, los principales referentes de la Mesa de Enlace anunciaron en conferencia de prensa el paro que comenzará en los primeros minutos de este jueves y advirtieron que es apenas el comienzo de un paquete de medidas, si Fernández no da marcha atrás en su estrategia.

«No debe sonar como una amenaza, pero queremos aclarar que hay una estrategia armada para obtener respuestas, que esto termine o no en algo similar a la [resolución] 125 depende del Gobierno», dijo Jorge Chemes, presidente de CRA.

Este nuevo conflicto recién comienza y su desenlace todavía es impredecible porque el cese de exportaciones no ha entrado en vigor y desde el Gobierno buscan alternativas para llegar a un acuerdo y evitar el estallido de una crisis política.

Cecilia González