La Comisión de la Verdad de Colombia informó este jueves sobre la publicación de más de 15.000 documentos de inteligencia del Gobierno de EE.UU. sobre el conflicto armado y el narcotráfico en el país suramericano, que sirvieron de insumo para la construcción del informe final del órgano transicional.

El comisionado de paz, Alejandro Valencia, detalló que en los expedientes desclasificados, que están disponibles al público en el sitio web de la Comisión de la Verdad, también hay otros documentos sobre la estrecha relación e influencia de EE.UU. en la guerra interna colombiana, recogen medios locales.

Valencia comentó que los archivos desclasificados están organizados en tres periodos. El primero se refiere al Plan Colombia (1998-2006) contra las FARC y el narcotráfico, donde el Gobierno de EE.UU. fue el principal aliado. El segundo aborda el narcotráfico, la seguridad nacional y el conflicto interno entre los años 1982 y 1997; y el tercero sobre el paramilitarismo y su relación con el Estado entre 1979 y 2009. Además, dijo que la Comisión ha pedido a Washington que desclasifique otros documentos que mantienen en reserva.

Uno de los asuntos que se podrán revisar en los expedientes, son los cables de inteligencia que entregó en 2018 a la Comisión el Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) como parte de un acuerdo de intercambio de información y evidencias sobre temas concernientes en las relaciones de Bogotá y Washington, en la lucha contra las drogas, grupos armados y violaciones a los derechos humanos.

Entre los hallazgos, se revela que Washington sabía que durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y a partir de la activación del llamado «Plan Patriota» —dirigido contra las guerrillas de FARC-EP y ELN—, en el Ejército de Colombia se comenzó a generar «mucha presión para mostrar éxito» y «resultados» que garantizaran a Bogotá seguir recibiendo financiamientos y ayudas de EE.UU. para la guerra.

El director del NSA en Colombia, Michael L. Evans, explicó a la prensa, que en los documentos se puede corroborar que los militares colombianos necesitaban demostrar, con bajas en combate y pruebas de que los guerrilleros estaban «muy vinculados» al narcotráfico, que el apoyo de EE.UU. era necesario. Esta «presión» impulsó una doctrina que Washington calificó como ‘Body Counting’, basada en el conteo de cuerpos de insurgentes abatidos.

Falsos positivos, paramilitares, narcotráfico y nexos con el Estado

La doctrina del ‘Body Counting’ se convirtió en la terrible práctica de los ‘falsos positivos‘, donde las fuerzas del Estado tomaban a civiles inocentes mediante secuestro o engaño, los hacían pasar por combatientes o delincuentes, y los asesinaban para mostrarlos como abatidos en enfrentamientos.

Evans comentó que en uno de los cables hay una carta del entonces jefe del Comando Sur, donde expresaba su preocupación por el conteo de cuerpos, al considerar que no era «una medida de éxito adecuada» y que podría «ser una cosa» que empeoraría las «violaciones de derechos humanos» en Colombia.

Tanto Valencia como Evans comentaron que en los cables también se pueden hallar evidencias sobre financiamientos y vínculos entre el Estado colombiano y empresas privadas de EE.UU. con paramilitares, grupos armados que históricamente han sido adversarios de las guerrillas y que en su mayoría surgieron de terratenientes.

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En uno de los archivos aparece la multinacional Chiquita Brands, con financiamientos a paramilitares que operaban en la extensa región de Urabá, que integra los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá.

Según dijo Valencia, en los informes de inteligencia también se refleja la preocupación de la parte estadounidense por los estrechos vínculos de las fuerzas estatales con los paramilitares, una relación que las autoridades colombianas han negado continuamente.

Al respecto, hay un cable del Departamento de Defensa de EE.UU. donde se habla sobre la «supuesta relación» entre el entonces presidente Uribe con «narcotraficantes», «especialmente con Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín«, dijo el comisionado. En ese archivo también se dice que «Uribe muy seguramente tuvo tratos con las paramilitares AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) cuando fue gobernador de Antioquia».