Una acción de protección podría frenar el juicio político en contra de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Tres de ellos son candidatos a la reelección en las seccionales 2023.

A un día de que cuatro consejeros de participación ciudadana sean enjuiciados políticamente en la Asamblea Nacional y con ellos se expongan a una eventual destitución, uno de ellos presentará una acción para frenarlo.

La vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira presentó una acción de protección en contra del Legislativo. Por sorteo de ley la competencia se radica en la Unidad Judicial de Familia de Portoviejo con la jueza Jessenia Zambrano.

María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo van por la reelección y su candidatura está en firme.

En caso de que se desarrolle el juicio político a los miembros del Cpccs y se determine la destitución, este organismo deberá reestructurarse y llenar cuatro vacantes con los integrantes más votados. En ese orden seguirían: Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce y Jaime Chughilán.

De acuerdo con el presidente del organismo, Hernán Ulloa, quien también será enjuiciado en caso de que se den estos cambios, los tres procesos de selección que actualmente se desarrollan están blindados y no se deberán alterar.

«Las personas que vengan a cumplir con nuestras funciones no van a poder hacer absolutamente nada en torno a los procesos de designación porque se ha ejecutado un gasto. Estoy seguro que nadie va a asumir la responsabilidad de dejar el gasto a un lado. Lo responsable es continuar con un concurso que se ha desarrollado con transparencia», asegura Ulloa.

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