En plena crisis entre Rusia y Ucrania, el periodista español Pablo González sigue detenido en Polonia, país de la Unión Europea (UE), acusado de ser un agente de la Inteligencia rusa. Tras 18 días en esta situación, no se le ha permitido comunicarse con su defensa jurídica ni su familia, ya que las autoridades polacas les ponen numerosos impedimentos.

«Con la detención de Pablo González, la UE está renunciando a su propio patrimonio de derechos y libertades dejando actuar a las autoridades polacas como si de un prisionero de guerra se tratase», denuncia su abogado, Gonzalo Boye.

El jurista afirma que se trata de «una situación bien compleja», ya que Polonia, un país comunitario, mantiene a González en prisión «materialmente incomunicado» y con una acusación sobre él de espionaje que es muy grave «en los tiempos que corren».

Además, asegura que su equipo jurídico ha tenido acceso a «muy poca información oficial», tan solo la que la Fiscalía polaca ha colgado en su página web. «A partir de ahí, una serie de noticias, que parece ser que provienen de Polonia, que dicen que tendría dos identidades y que recibiría dinero de Moscú», añade.

«Pablo tiene dos nacionalidades: rusa por parte de padre y española por parte de madre. En la documentación rusa aparece como Pavel y en la documentación española aparece como Pablo»

Sin embargo, Boye explica que la familia les ha documentado estos dos extremos «perfectamente».

«Pablo tiene dos nacionalidades: rusa por parte de padre y española por parte de madre. En la documentación rusa aparece como Pavel y en la documentación española aparece como Pablo», apunta sobre las especulaciones acerca de que el reportero tendría varias identidades. «Y recibir dinero de Moscú, geográficamente sí. El origen real es una ayuda mensual de su padre consistente en una cantidad ínfima de dinero», aclara sobre el segundo punto.

Un país de la UE en rebeldía

El abogado sostiene que el «problema» de Pablo son las coberturas informativas que realizó el año pasado sobre movimientos sociales, reivindicaciones políticas y manifestaciones en Polonia. «Y eso, en un país tan poco acostumbrado a la democracia, evidentemente les ha tenido que causar un malestar importante», agrega.

Así, el jurista opina que, además, la situación se ha agravado por una «clara contradicción», que consiste en «llamar servicios de Inteligencia a los servicios de información, porque no es lo mismo aplicar la inteligencia que informar», señala.

«Creo que la cosa no solo va de periodistas, sino de los derechos y libertades de todos nosotros»

En estas condiciones, Boye considera que «lo más grave de la situación» es que este caso se esté produciendo en un país del bloque comunitario que, según han señalado tanto el Tribunal General de la UE como el Tribunal de Justicia de la UE, se encuentra en rebeldía con respecto al derecho de la Unión Europea: «La gravedad es que Polonia está demostrando que el derecho de la Unión es algo que pasa por ahí, pero que con ellos no va», argumenta.

El abogado, además, va un paso más allá y sostiene: «Se está aprovechando la guerra en Ucrania para, bajo esa posición política que ha adoptado la Comisión Europea, restringir derechos y libertades en términos generales«.

«Creo que la cosa no solo va de periodistas, sino de los derechos y libertades de todos nosotros. Es incomprensible que la UE se plantee defender la democracia en Ucrania a costa de cargarse nuestra propia democracia», concluye.