Si en octubre de 2017 la cúpula independentista catalana, encabezada entonces por el presidente regional Carles Puigdemont, hubiera aceptado la ayuda militar que Rusia le ofreció, los acontecimientos inmediatamente posteriores a la declaración de la independencia de Cataluña «habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto numero de víctimas mortales».

Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez Joaquín Aguirre, titular en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en los autos de entrada y registro de los domicilios de tres empresarios catalanes vinculados con el independentismo, detenidos por la Guardia Civil en el marco de una causa que trata de esclarecer si se desviaron fondos públicos para pagar los gastos de Puigdemont mientras permanece afincado en Waterloo (Bélgica).

El nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado esta intervención es el de Operación Volhov, que evoca la primera victoria de las tropas nazis junto a soldados franquistas en la II Guerra Mundial.

Para la elaboración de sus dictámenes, el juez instructor de la causa se basa en informes de la Guardia Civil, que utilizan como fuente dos archivos de audiointervenidos en el teléfono del exdirigente del partido nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Víctor Terradellas, considerado en esta investigación como un supuesto interlocutor entre Carles Puigdemont y las autoridades rusas.

Assange, Snowden y hasta RT al servicio del plan

Estos informes recogen que Rusia habría ofrecido al entonces presidente de la Generalitat nada menos que el envío de 10.000 soldados para asegurar que su declaración unilateral de independencia llegaba a buen puerto, así como pagar íntegramente la deuda catalana y apoyar sus aspiraciones soberanistas hasta convertir a la nueva república catalana «en un país como Suiza», tal como escribe el juez instructor en su auto.

Detienen en España a varios empresarios por la presunta financiación ilegal del independentismo catalán

Otros informes de la Guardia Civil consultados por el magistrado Aguirre apuntan a que Oriol Soler, uno de los empresarios detenidos en el marco de esta investigación, formó parte de «una estrategia de desinformación y desestabilización» impulsada desde el Kremlin «como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso».

Por supuesto, ninguna de estas injerencias rusas con las que tan frecuentemente se especula en España estaría completa sin la participación de este medio. En efecto, el juez menciona a Russia Today (anterior nombre de RT), junto a Sputnik, como artífices de una estrategia geopolítica de desestabilización basada en la difusión de noticias falsas en la que también habrían participado medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados.

La Guardia Civil se remite también, como soporte de estas afirmaciones, a una supuesta reunión de hace casi tres años entre Soler y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que también habría tomado parte el exmiembro de la CIA Edward Snowden. Allí habrían pergeñado el maquiavélico plan por el que Rusia sería un actor determinante en la culminación de la independencia catalana.

Un ridículo «tremendo»

Ya sea por el grado de insistencia con el que determinadas instancias o autoridades españolas señalan a Rusia como un elemento amenazante, o por la apariencia ciertamente delirante que presentan las tesis del juez Aguirre, lo cierto es que las redes sociales han sido incapaces de tomarse en serio las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil.

«El nivel de ridículo que puede alcanzar esta gente es tremendo», comentó un usuario de Twitter con respecto a los informes consultados por el juez.

Otros tuiteros recordaron la ya larga lista de acusaciones conspiranoicas contra Rusia y la dudosa sostenibilidad que muchas de ellas presentaban, evocando las teorías sostenidas incansablemente por el exdirector adjunto de El País, David Alandete, o la extravagante explicación de una diputada española del partido Popular, que denunciaba la supuesta existencia de ‘bots’ rusos y mencionaba un indescifrable instrumento de distorsión informativa al que llamaba «sofpapes».

Si bien Cataluña ha sido desde hace años una profusa fuente de teorías delirantes sobre la injerencia rusa en España, nunca antes se había aludido directamente a la intención manifiesta de una intervención militar en Cataluña, ni mucho menos a la posibilidad de un conflicto armado contra el Estado español. Las conclusiones defendidas por el juez suponen por ese motivo un nuevo nivel en la consideración de Rusia como un actor geopolíticamente hostil para España.

David Romero