La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, que fue cesada del cargo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), mediante un comunicado, defendió la legitimidad del organismo que lideró.

Según la decisión del Consejo Transitorio, tanto Villacís, que ingresó a la entidad en 2011, como los otros 4 vocales que dirigían al CNE fueron cesados porque no cumplieron con los 5 parámetros de evaluación en la que se detallaron varias irregularidades cometidas en el ejercicio de sus cargos.

Villacís escribió que la legitimidad y legalidad del CNE “es la misma que la del CPCCS-T; si no fuese así, ustedes señores miembros del Consejo Transitorio, estarían ilegítima e ilegalmente arrogándose funciones puesto que son producto del referéndum y consulta popular convocado cuando estaba prorrogada en funciones y, por supuesto, sus decisiones, resoluciones y en general sus actuaciones carecerían de sustento constitucional y legal”.

Además, insistió en que el proceso de evaluación al que fue sometida vulneró principios de seguridad jurídica. “Ustedes como integrantes del CPCCS, sin tener facultad interpretativa, hacen interpretaciones constituciones y legales. Lo cual cae también en abuso de autoridad”, apuntó.

Aclaró que en el tema del fondo partidario, que fue una de las causales para la destitución debido a que el informe de evaluación concluyó en que el CNE no entregó el fondo a dos organizaciones políticas, “los dineros públicos solo se pueden asignar conforme a la normativa existente, esto significa que cualquier asignación fuera del contexto legal y constitucional se convierte en uso indebido de fondos públicos, es decir peculado”.

También criticó que el Consejo Transitorio, en los concursos que hará para reemplazar al CNE, omitirá efectuar un proceso público con méritos y pruebas de conocimiento e impugnación ciudadana.

“El CNE es una de las dos instituciones de la Función Electoral, pilar del Estado ecuatoriano y necesita autoridades elegidas conforme a la Carta Magna y las leyes para dar seguridad jurídica a las elecciones en marcha”, sentenció Villacís.

Los funcionarios cesados tienen hasta el viernes 20 de julio para impugnar la decisión, ante lo cual la presidenta sancionada del CNE adelantó que enviará sus descargos. (I)