La Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los 11 asambleístas presentes, calificó a trámite la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Raúl Tello, en contra de Christian Cruz, superintendente de Bancos, por supuesto incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley.

Según Tello, el Superintendente de Bancos no ejerció un adecuado control a la gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ni del banco de propiedad de la referida institución (Biess), pese a que existieron recomendaciones específicas de la Contraloría General del Estado sobre la materia.

En esta sesión, con 10 votos, esta mesa legislativa resolvió también solicitar como pruebas de oficio copias certificadas de documentación de la Superintendencia de Bancos, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de la Contraloría General del Estado, respecto de informes y auditorías realizadas al pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Igualmente, se agregará al proceso la documentación relacionada con el Convenio de Pago de la deuda estatal con el instituto asegurador, suscrito en 2010.

Por pedido de Tello y el legislador Jimmy Candell, se dispuso convocar al contralor general subrogante, Pablo Celi; al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Manolo Rodas; y, al ministro de Finanzas, Richard Martínez, a fin de que informe sobre lo que conocen de los hechos denunciados.

También se recibirá al vocal del Consejo Directivo del IESS, Felipe Pezo, representante de los empleadores, así como a un delegado de las organizaciones de trabajadores.

Presidenta de Comisión de Fiscalización, @majo_carrion convocó a la mesa legislativa al contralor #PabloCeli, para que exponga su informe de auditoría realizada al @IESSec, dentro del trámite de juicio político que se efectúa contra el superintendente de Bancos Christian Cruz. pic.twitter.com/4eswIPBInh

— Pública FM (@PublicaFM) June 20, 2018

A partir de la notificación del inicio de la sustanciación de la solicitud del juicio político, los solicitantes y el funcionario tienen 15 días para presentar las pruebas de cargo y descargo, respectivamente. (I)