La Asamblea Nacional brindará las facilidades para que la Contraloría y la Fiscalía realicen las investigaciones necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, para esclarecer los hechos relacionados a supuestos pagos de servidores legislativos.

Así lo aprobó el Pleno en la sesión 535 este jueves 6 de septiembre. La resolución del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) exhorta a los servidores administrativos y legislativos que conozcan los presuntos actos de corrupción, a denunciar de manera inmediata.

Además, llama a la ciudadanía que tenga conocimiento de los mismos, a que se acerquea la Fiscalía General del Estado, para el procedimiento correspondiente.

La Asamblea garantizará los derechos laborales de los servidores administrativos y legislativos que presenten denuncias sobre este caso, a fin de evitar retaliaciones, apunta la resolución.

En la sesión, se recalcó que la Constitución determina que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

También se consideró que el Código Orgánico Integral Penal determina la obligatoriedad de denunciar, en especial al servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública.

«La ciudadanía espera respuesta inmediata y, por ello, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el miércoles esta resolución, dijo el legislador Luis Fernando Torres.

El buen político simplifica y soluciona. El ineficiente enreda, complica, de un problema crea otro y nunca llega a la solución. Ante las denuncias de corrupción en la Asamblea, la respuesta debe ser contundente y directa, no de novela #AsambleaNacionalpic.twitter.com/e6qkcwobXD

— Luis Fernando Torres (@lftorrest) September 6, 2018

Jeannine Cruz resaltó que «es necesario definir los mecanismos necesarios para combatir las malas prácticas, que vienen desde décadas pasadas».

Pabel Muñoz reiteró en la necesidad de las denuncias con nombres y pruebas, para así evitar caer en el descrédito de la institución. «Que se sancione a quien tiene que sancionarse. ¿Cuántos casos son? ¿Son 137? Nos merecemos que la ciudadanía dude de los 137 hombres y mujeres que estamos aquí?», cuestionó. (I)