El proyecto para segundo debate de la Ley de Comunicación no está escrito en piedra. El martes próximo entrará a debate en el Pleno del Legislativo temas que no fueron incluidos por la Comisión de Derechos Colectivos.

El principal es la renovación de frecuencias de radio y televisión. Esa es la aspiración de gremios de medios de comunicación que impulsan que ese tema se incluya en la reforma de la ley.

Para concretar su propuesta se reunieron con la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas y con el titular de la comisión legislativa, Jorge Corozo.

La cita se cumplió el miércoles pasado. Según Cabezas, no existe ningún impedimento para que la renovación y otros temas sean discutidos en segundo debate en el Pleno, a pesar de no ser parte del informe.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que un asambleísta puede pedir la inclusión del tema en el debate. Para conseguirlo los representantes de los medios de comunicación adelantan reuniones con legisladores de diversas bancadas y pidieron ser recibidos en comisión general por la Asamblea.

Álvaro Rosero, de la Cámara de Medios de Ecuador, explica que su propuesta no atenta contra una norma. Él reconoce el trabajo de la Asamblea y del Ejecutivo para recuperar la libertad de expresión. Sin embargo, sostiene que se debe garantizar la vigencia de los medios de comunicación que respetaron la ley en el último concurso para la concesión de frecuencias.

Este proceso fue suspendido luego de que la Contraloría detectara irregularidades y evidenciara que se favoreció a tres grupos que aglutinaron espacio en el espectro radioeléctrico para su favor.

El órgano de control identificó que el grupo Canela estaba conformado por 12 empresas que postularon para 46 frecuencias. De este número, 37 fueron calificadas.

El segundo, liderado por el empresario mexicano Ángel González, conforman 18 empresas. El grupo postuló para 19 frecuencias y alcanzó ese mismo número.

El tercero, de Manabí y presidido por Lenín Andrade, está conformado por cinco empresas. Postuló para 13 frecuencias, de las cuales cinco fueron calificadas.

Para Rosero con la suspensión del concurso también se castigó a quienes cumplieron con la Ley, pero sostiene que no se trata de una renovación directa sino de respetar a los medios que tienen en peligro sus concesiones.

Según él, una alternativa es que las frecuencias adjudicadas irregularmente sean revertidasy entregadas a los sectores comunitarios, para que sus propios medios ganen espacios y audiencias.

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Otras dos propuestas es que se revisen las normas sobre la difusión de música de artistas nacionalesy de contenido intercultural en los medios de comunicación.

La Comisión de Derechos Colectivos acogió el pedido del Gobierno y no tocó esos dos temas. Según la ministra del Interior (y encargada de la Secretaría de Gestión de la Política), María Paula Romo, estos temas aumentan la sensibilidad en las organizaciones sociales.

De allí que considera que, no es el momento político para cambiarlas. Pero la Cámara de Medios recalca que esas disposiciones han sido ineficientes. Por eso plantearon alternativas para cambiar las reglas, pero sin quitarle su esencia.

Así, por ejemplo, sostiene que es mejor difundir un 20% de música de artistas nacionales y no el 50% como establece la Ley. Y proponen que se produzca un programa semanalde contenido intercultural para que sea transmitido en cadena por todas las radios.

Los medios deben destinar 5% de su programación diaria a este tipo de programas. Esto representa para las emisoras 72 minutos cada día.

El cambio de estas dos normas, aparentemente, no tendrá un buen camino, porque fueron en las únicas donde coincidieron Alianza PAIS, Revolución Ciudadana y Pachakutik en la mesa. (I)

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Las sanciones a los medios pasarán a revisión

Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Comunicación (Supercom) serán revisadas. Esa es una de las reformas a la ley, aunque no se explica si incluye a las que superaron el plazo de dos años establecido por la normativa aún vigente.

La Comisión también propone que los procesos administrativos que sigue la Superintendencia (que de acuerdo con la reforma serán eliminados) sean cerrados en el estado donde actualmente se encuentren.

Es decir, una vez que se apruebe la nueva ley, estos procesos no pasarán a otra entidad para su tratamiento, sino que quedarán sin efecto

El Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación (Cordicom) recibirá todo el presupuesto, bienes mueblese inmuebles que pertenecían a la Superintendencia de Comunicación. Esto incluye a los trabajadores de la entidad.

A más de la eliminación de los códigos y normas deontológicas; y de la figura del linchamiento mediático, otros cambios se establecen en el proyecto de reformas: se incluyen, la autorregulación de los medios de comunicación y el respeto al 34% de frecuencias para los medios comunitarios y 66% para públicos y privados. (I)