Está en la imprenta que fundó su padre. Sobre su escritorio hay documentos que envió a la Fiscalía y muestra dos cajas llenas con información sobre jueces, fiscales e integrantes del Consejo de la Judicatura.

Óscar Ayerve, presidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre (30-S), conversó con este Diario del tema.

¿Cuáles son los aportes de la Mesa de la Verdad y la Justicia del Consejo de la Judicatura para las víctimas del 30-S?

Nosotros pedimos que se conforme esa mesa. Tiene varios aportes importantes: primero, se inició un proceso de registro de las víctimas del 30-S, que son inocentes. Segundo, puede viabilizar el escenario en el Consejo de la Judicatura y agilizar el despacho de las causas a la Fiscalía. Tercero, permite visualizar otros temas no tratados abiertamente, como el enriquecimiento ilícito de algunos jueces.

El presidente de la mesa, Paúl Jácome, confirmó que existió un patrón de persecución “sistemático y continuo” implementado por el Estado para frenar críticas a sus políticas.

Rafael Correa tuvo como premisa básica el control absoluto y total de las funciones del Estado. Esto implicó que para iniciar su Gobierno, se convoque a un plebiscito, instaure una Constituyente, se apruebe una nueva Carta Política, se controle el Consejo de Participación Ciudadana y la nominación fraudulenta de las 15 instituciones de control.

Y todos los estamentos del Estado, Judicial, Ejecutivo y Legislativo estuvieron bajo su designio. Los organismos de control como el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, la Procuraduría, la Fiscalía. Todos estaban bajo su mando y su control.

¿Cómo recuperan su vida los perseguidos por ex gobierno?

El daño causado es grave e irreparable. Están afectados miles de ecuatorianos, destruyeron su estabilidad, sus familias, su profesión, su futuro, su trabajo. Muchos están desocupados hasta ahora. Ellos viven con el estigma de que fueron sentenciados con delitos penales, perseguidos y sentenciados. Son personas inocentes que no pueden acceder a trabajo en el sector público ni en el privado. Lo que hizo el 30-S sobrepasó la simple violación de los derechos humanos para ir al crimen de lesa humanidad.

¿Por qué de lesa humanidad?

Porque fue sistemática, planificada y orquestada. Siguieron patrones para lograr esos objetivos.

¿Qué pasó con las familias de los militares y policías?

Se destruyeron casi todas las familias. El 80% de ellas se desarticuló, los hombres y mujeres tomaron rumbos distintos. Pero los más afectados fueron los hijos, se rompió la estructura familiar de todo su entorno, de parientes y amigos. Se dieron fenómenos insólitos, fueron perseguidos y objeto de discriminación por sus propios compañeros policías y militares. Ellos no querían involucrarse en el caso y se desaparecían.

Pero entre los acusados y sentenciados solo hay 30 oficiales.

Su instrumento y brazo de operación fue la justicia, fiscales y jueces. Pero también hubo operativos institucionales: ministerios, Policía, FF.AA., les pusieron mala conducta y los echaron. Solo en la Policía eran 1.700, igual número fueron de militares. Una cuestión muy curiosa, no encontramos a un solo marino acusado ni de la Fuerza Aérea y hay dos de la Fuerza Terrestre. De la Policía son 30 oficiales, el resto, el 98% de los acusados, era de tropa de la FF.AA., Policía y civiles.

¿Por qué ocurrió eso?

La oficialidad se autoprotegió y condicionó y pactó con Correa para que no les pasara nada.

¿La justicia obedeció órdenes del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh?

Se instrumentó un operativo orquestado y planificado en el que operaban delegados de la Presidencia de la Justicia, de los ministerios de Justicia y del Interior, Procuraduría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Contraloría. El Consejo de Participación Ciudadana mantenía reuniones para preparar los operativos. Allí jugó un papel clave la Comisión 30-S, conformada por el fiscal Carlos Baca.

¿Los jueces acataron las órdenes: miedo, chantaje o poder?

Por todo eso. No he encontrado en esta investigación un sector tan corrupto que la justicia. Jueces y fiscales cobraban dinero para realizar los operativos y los negocios. Principalmente en dos sectores, el penal y el contencioso. En este último están en juego millones de dólares que tienen relación con los conflictosentre el Estado y losprivados, nacionales e internacionales.

Hay jugosas ganancias. Solo hay que ver los casos, investiguen quiénes los manejan, la diferencia entre el sistema escrito y oral. También ver los tiempos, cómo manejan las interrelaciones.

Pero hay jueces honestos.

Hay que dejar claro que existen jueces honestos y honrados, con ellos hay que construir el futuro en la justicia, que sean independientes, que respeten los derechos de todos. Y que se eliminen la impunidad y la corrupción.

¿Todavía esos jueces están en sus puestos?

Todos están allí, no han salido, recién vamos a impulsar que se vayan. Pero ya vamos adesenmascarareste meollo. Pero no perseguiremos, ni aceptaremos que lo hagan. No queremos repetir lo que nos hicieron a nosotros. Tampoco acusaremos a inocentes, ni queremos que exista impunidad.

¿Ellos hicieron a la administración de justicia del país?

Es un daño irreparable e irrepetible. Fueron sumisos, todos se callaron. Los que decían algo fueron silenciados y destituidos de inmediato. Les instauraban juicios sumarios expeditos, así sacaron a cientos de jueces, fiscales y notarios.

¿En la actualidad qué hace la Asociación de Víctimas del 30-S?

Tenemos cuatro estamentos operativos de acción. El primero con la justicia, allí trabajamos en los temas que vinculan a las convocatorias de audiencias para juzgar a las víctimas del 30-S. En segunda instancia de apelación en casación en la Corte Nacional o recursos extraordinarios de revisión. tribunales. Hasta el momento, desde el 22 de mayo de 2018, hemos ganado, a todos se los encontró libres e inocentes. Hace una semana y media los jueces dictaminaron la inocencia de 20.

Los correístas dicen que la Mesa de la Verdad y Justicia es una forma de perseguirlos.

Ellos no entienden que fueron ellos que persiguieron y los perseguidos queremos justicia y decimos no a la impunidad. Cuando conocimos que Galiano Balcázar iba a ser nombrado fiscal provincial de Pichincha nos opusimos, entregamos documentos de como este organizador y perseguidor se manejaba para condenar a inocentes.

¿Pedirán reparación económica al Estado?

Deben hacerlo, el Estado tiene que dar una respuesta política-social a la persecucióna inocentes. Debe limpiarse el honor de todos ellos. Es necesario que el Estado les propongan fuentes de trabajo y asuma sus capacidades nuevamente. (I)