En declaraciones a la prensa, Pesántez sostuvo que la nueva Ley Anticorrupción se enfocará en una lucha frontal contra los actos de corrupción, “un cáncer que ha minado nuestra sociedad”.

“Esta ley tiene siete puntos importantes a fin de que podamos tener mayores elementos jurídicos para luchar contra la corrupción. El Presidente ha sido claro en que no es un combate solo del Gobierno Nacional, sino de todos los ecuatorianos”, indicó.

Exhortó a la Asamblea para que, en el menor tiempo, tramite la propuesta y conozca los planteamientos que se realizan de forma técnica y jurídica y que permita que temas como la celeridad en los procesos, recuperación de capitales, protección al denunciante, etc., sean correctamente analizados.

El proyecto consta de 10 artículos, una disposición general, una transitoria, una derogatoria y una final. Plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y a la Ley Orgánica de Servicio Público.

Protección y compensación

El proyecto plantea que quien entregue datos, instrumentos, bienes o información precisa, verídica y comprobable, que contribuya a la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal podrá tener una compensación económica en proporción a los recursos que se recuperen.

El monto máximo de la compensación no será superior al 20% de la cantidad recuperada; y deberá aplicarse para casos en los que estén inmersos recursos del Estado o que hayan sido obtenidos en perjuicio del mismo, siempre que la información sea suficiente para localizar el destino de tales montos.

No podrán acceder a este beneficio quienes hayan participado en la comisión de la infracción penal.

Además, cuando un servidor se convierta en informante sobre el destino de bienes o recursos de actos de corrupción, pedirá a la autoridad competente un traslado administrativo provisional del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración, sin necesidad de cambio de domicilio.

Si no es posible el cambio administrativo, se le concederá licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente. Mientras dure la licencia, conservará su derecho a la antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social.

Además, en ningún caso perderá el derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeña.

Reacciones

Desde el Legislativo se pronunció la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. Ella sostuvo que el Presidente tiene derecho de vetar parcial o totalmente un proyecto. “Esa es su atribución constitucional, es colegislador”.

Pero rechazó, a su criterio, la “mala interpretación realizada del tipo penal de asociación ilícita” por parte de actores políticos, quienes sostenían que dicha normativa favorecería la libertad del exvicepresidente de la República, Jorge Glas.

Sobre el proyecto del Ejecutivo dijo que esperan el documento, el cual debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa(CAL) para que después sea remitido a la Comisión de Justicia.

“(El proyecto) lo analizaremos a la luz de la convención de los derechos humanos, de los tratados internacionales, de la Constitución, y también revisaremos los textos normativos legales en el Código Integral Penal”, mencionó.

El asambleísta Henry Cucalón (PSC) también descartó que el proyecto vetado por el Ejecutivo tenga como beneficiario al exvicepresidente. “Eso no es cierto bajo ninguna circunstancia”.

No obstante, remarcó que será bienvenido el nuevo proyecto de ley anticorrupción que envió el Ejecutivo, ya que la Asamblea “siempre está presta para dar herramientas jurídicas que fortalezcan la lucha contra esta lacra”.

En entrevista a Telerama, el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, sostuvo que el proyecto del Ejecutivo es un estupendo primer paso para erradicar dicha práctica, pero no es suficiente. (I)