«Había venta de puestos de trabajo desde $ 6.000 hasta $ 10.000»

Es asambleísta de CREO por Pichincha y presentó una resolución para que la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investiguen las cuentas de sus colegas y de los funcionarios.

Fabricio Villamar habló con este Diario sobre las denuncias de extorsión de los legisladores a sus asesores y asistentes a cambio de trabajo.

¿Por qué hacer que el pedido lo investigue la Contraloría?

Hemos encontrado tres tipos de corrupción que se pudieron cometer. El primero es la extorsión directa: el jerárquico superior solicita recursos por trabajar en un determinado despacho. El segundo es que se justifique este ilícito diciendo que es cuota del partido. Las contribuciones a organizaciones políticas son voluntarias, si son exigidas y se obtienen por presión se transforman en concusión. El tercero es que esto también pasa en otras instituciones del Estado. Tenemos testimonios del Secap y del CNT, por ejemplo.

Hay un testimonio sobre la expresidenta Gabriela Rivadeneira…

Eso es lo que debe investigar la Contraloría y la UAFE. Una de las cuentas que hay que auditar es la de Alianza PAIS y de la gente cercana al manejo de los recursos: para saber cuánto entraba a esa cuenta, bajo qué concepto y de dónde.

¿Los descuentos de los asambleístas son desde $ 100 dólares hasta $ 1.000 o más?

Hay valores superiores a esa cifra. Algunos pedían $ 1.500 el primer año, por ejemplo. Existía la venta del puesto, es decir, que para contratar a alguien se le cobraba por el nombramiento entre $ 6.000 y $ 10.000. La Fiscalía tendrá que pedir el levantamiento de la inmunidad para los asambleístas responsables de estos ilícitos. Mi bloque de CREO votará a favor de ello.

¿Pero sabemos que hay dos integrantes del movimiento CREO en la lista de presuntos extorsionadores?

Sí. Y parte de las cosas que se debe hacer es garantizar el derecho a la defensa de todos los asambleístas mencionados en este proceso.

¿No está en peligro la institucionalidad de la Asamblea Nacional?

Se trata de un proceso de salvataje de la institucionalidad, la otra posibilidad sería no hacer nada. Si existen asambleístas metidos en estas presuntas extorsiones deben dejar la Asamblea. (I)