Un proyecto de Ley para la Planificación del desarrollo y la evaluación de políticas públicas como mecanismo de eficiencia gubernamental presentó María Mercedes Cuesta, asambleísta de Fuerza Ecuador (FE). Esta iniciativa fue aprobada, la semana pasada, por el máximo organismo de esa Función del Estado: el Consejo de Administración Legislativo (CAL). Ella conversó con EL TELÉGRAFO sobre ese tema.

Su proyecto para reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas fue aprobado por el CAL, ¿qué expectativas tiene de llevarlo al Pleno?

Presenté mi proyecto ante los comisionados como parte del inicio del trámite. Se me informó que mi iniciativa sería considerada y analizada con objetividad. Creo que la planificación y la evaluación deben mirarse sin banderas políticas. Hago votos porque así sea.

Mi proyecto busca incluir ciertos artículos y reformar otros en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que es un documento de trabajo que prevé la propia Constitución.

¿Por qué plantea la planificación y evaluación de políticas públicas como método de eficiencia gubernamental?

Aun cuando nuestra Carta Política sí utiliza el verbo evaluar, no existen mecanismos legales claros que obliguen a los miembros de la Función Ejecutiva a evaluar con objetividad los planes y proyectos que se ponen en marcha. Hasta ahora esto ha quedado casi a discreción de quien encabeza la cartera de Estado.

¿Por qué no existen mecanismos para medir la utilidad de la intervención pública para revelar datos sobre su eficiencia y efectividad?

Es necesario mirar con técnica y sin cálculos políticos los resultados de los programas y así decidir su continuidad o suspensión. Por ejemplo, incluir en documentos oficiales evaluaciones de impacto de cada plan o contratación. También responder al país con indicadores y no solo con discursos politiqueros.

¿El problema con esos mecanismos es que pueden ser utilizados en campañas electorales?

Incluyo en mi iniciativa una prohibición de disfrazar la obra pública -realizada con fondos de todos- con las insignias o los lemas del partido de Gobierno. Despersonalicemos las obras y miremos a la ejecución de los programas de gobierno con responsabilidad política y con sentido de amplitud nacional.

¿Por qué pide una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo? Muchos planes no se cumplen y solo son palabras que se quedan en el papel o no?

La evaluación de su parte debe ser transparente y los ecuatorianos merecemos saber si un programa ha dado o no resultados, más allá de que se trate de iniciativas pintorescas o populistas. Necesitamos pensar si lo planteado ahí, con el paso del tiempo y con las constantes variaciones sociales propias de sociedades heterogéneas como la nuestra, atienden a la foto de la realidad ecuatoriana o solo son parte de una agenda política irresponsable.

Además propongo incluir la evaluación, tendencia internacional en sistemas de gobiernos transparentes, como parte de esa cruzada nacional para luchar contra la corrupción y promover el uso eficiente de los recursos públicos. (I)