Antonio López, Abogado y Catedrático

En la medida que nos apartemos definitivamente de la conceptualización: del Estado y de sus funciones, que en la última década le otorgaron el nombre aparentemente de sistema republicano, la ciudadanía podrá volcar sus ojos a la nueva estructura. Durante los últimos 10 años vivimos una autocracia, una justicia autocrática, para luego borrarla y mancharla con una justicia secuestrada. Esto incide al reconocimiento de toda democracia republicana, que es la independencia de justicia y de los poderes del Estado.

Hay 18 denuncias en contra del expresidente Correa, pero la mayoría fueron archivadas por los anteriores fiscales. Eso significa que el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución, es una quimera.

Frente a ello, hay que reconocer que en Ecuador hay ciudadanos de primera y segunda categoría. No veo con mucho optimismo lo que ocurra. Es probable que las medidas cautelares dictadas en contra de Correa, en el caso Balda, puedan generar alguna expectativa en el país, eso no garantiza nada.

Del gran saco de la corrupción, que existió en los 10 años de correísmo, aún no hemos recuperado ni un solo centavo de los cientos de miles, de millones de dólares que pasaron por las manos de los administradores del Estado y que de manera fraudulenta se llevaron.

¿Dónde está el dinero? nos preguntamos todos. Aquí hay cientos de empresas que han defraudado al sistema, a través de facturas fantasmas. ¿Para qué era ese dinero? ¿Cómo las empresas contratistas del Estado compraron esas facturas a empresas fantasmas? Esos recursos quedaron en manos de funcionarios y todas las instituciones de control y de justicia deben iniciar la investigación sobre ese tema. Son alrededor de 1.800 millones de dólares que han pasado en ese negociado en cinco años, pero no ha pasado nada en este país.

Los funcionarios de los niveles medios se enriquecieron de la noche a la mañana y nadie ha preguntado qué pasa con esos servidores públicos.

Para retomar la fe en la democracia y poner en libertad a la justicia se necesitan generar acciones concretas. La Fiscalía tiene una inmensa responsabilidad para dar respuestas certeras a la ciudadanía. El caso Balda debe tener un debido proceso, más allá de un sentimiento de adversidad sobre un expresidente, debe primar el respeto a las garantías procesales. Lamentablemente, Correa ya no está en el país y evocaron que fijó su residencia en Bélgica, y las actuaciones procesales deben practicarse en su favor en el lugar de su residencia.

Esta es la nueva teoría del desfase del Derecho Penal, porque con eso todo funcionario que termina su ejercicio saldrá del país y no rendirá cuentas sobre lo que ha hecho. En función de esa teoría bastante singular, el servidor público puede cambiar de domicilio y no presentarse ante su juez competente donde se cometieron los delitos. (O)