Consejo transitorio devuelve capacidad para sancionar a la Judicatura

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCST) transitorio devolvió al Consejo de la Judicatura (CJ) la facultad de sancionar a los servidores judiciales.

La decisión se tomó luego de que el presidente de la Judicatura temporal, Marcelo Merlo, solicitó que se aclararan las competencias del organismo, que preside Julio César Trujillo, que suspendió semanas atrás las atribuciones de la entidad establecidas en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución.

Merlo manifestó su preocupación por una posible prescripción de 287 sumarios disciplinarios abiertos contra servidores judiciales. Consideró que la devolución de esa competencia es “suficiente”.

Así, la Judicatura queda habilitada para sancionar mas no para evaluar la Función Judicial. En la sesión se aceptó la renuncia a Juan Pablo Albán, de la Judicatura.

Denuncia de sobreprecios

De su lado, Merlo y el director José Cisneros del Consejo de la Judicatura denunciaron un sobreprecio en los contratos de construcción de complejos judiciales en las presidencias de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh.

Merlo detalló que el complejo Norte de Quito y el de Latacunga tendrían el 28% más del monto real. De igual forma los complejos Guayaquil Norte el 51% y Otavalo el 58%. Una de estas obras se ejecutó en la presidencia de Gustavo Jalkh y los otros tres, en la administración de Paulo Rodríguez.

Los funcionarios denunciaron contratos con nexos familiares de Rodríguez, cuando fue presidente de la CJ, a través de la empresa C&C Constructores, en la cual trabajan primos. También dijeron que de 66 unidades judiciales construidas, 43 están sobredimensionadas.

“La mayoría de problemas detectados en la ejecución de obras surgió a partir de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial en mayo de 2011. Entre 2011 y 2013 se gastaron aproximadamente $ 304 millones”, aseguró Cisneros.

Según Merlo, se analizaron 87 contratos de obras valorados en $ 304 millones, por ello el perjuicio podría variar y superar los $160 millones.

Además, se revisaron 56 contratos de consultoría de estudios y diseño, de 111 proyectos, por $ 10 millones. (I)